El presidente del Gobierno canario, acusado de un delito fiscal

El portavoz de Izquierda Canaria Unida (ICU) en el Parlamento regional, Antonio González Viéitez, presentó ayer una denuncia ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que acusa al presidente del Gobierno regional, Lorenzo Olarte, y al consejero de Economía y Comercio, Luis Hernández, ambos del CDS, así como a otros dos políticos centristas, de un posible delito fiscal contra la Hacienda de la comunidad autónoma.

Los presuntos implicados son miembros de la comunidad de propietarios Puerto Marena, que construye una urbanización en la isla de Fuerteventura. La solicitud de un crédito de 1.080 rnillones de pesetas a la Caja Insular de Ahorros de Canarias, de Las Palmas, condujo a la creación de una comisión parlamentaria de investigación para esclarecer posibles irregularidades, ya que las cajas de ahorros canarias están sometidas al control del Gobierno.

ICU había desatado, el verano pasado, un escándalo político denominado affaire inmobiliario, ya que la presumible participación de Olarte y los tres centristas restantes en la petición del polémico préstamo supondría una grave irregularidad. Ante la aparente falta de pruebas de: los citados miembros del CDS sobre los cargos que se le imputaban, el propio Olarte Cullen declaró recientemente que aguardaba la demostración de su inocencia.

Los anteriores presidentes, del Ejecutivo y Parlamento de las islas, Jerónimo Saavedra y Pedro Guerra, respectivamente y la ex consejera de Turismo y Transportes María Dolores Palliser, todos del PSOE, comparecieron anteayer ante dicha comisión para declarar sobre varios crédítos solicitados a la Caja Instilar de Las Palmas.