Una sentencia particular
La Sala de lo Congreso de Tribunal Supremo falló el pasado 20 de junio contra la Gerencia de Urbanismo y le dio la razón a Ángel Hernández García, a quien se cobró 1.457.844 pesetas por liquidación de la reparcelación económica practicada sobre la finca número 2 de la calle de la Madre de Dios. La sentencia, firmada Por los magistrados José Ignacio Jiménez, Antonio Bruguera y José María Reyes, ratifica una sentencia de la Audiencia Territorial dada el 2 de diciembre de 1987 en la que se declaró, la liquidación nula por no ser conforme la derecho.En la sentencia se afirma que Gerencia indicó al recurrente en 1985 que el solar sobre el que pretendía edificar se encontraba en un área afectada por la reparcelación económica y que, aunque no estaba definitivamente aprobada, podía solicitarse el pago de un saldo provisional" para conseguir la licencia.
El tribunal indica que, según el Plan General, el solar forma parte de un polígono discontinuo a delimitar que comprenderá solares vacios, terrenos con edificios ruinosos y terrenos edificados cuando sus construcciones se derriben y vuelva a edificar. Ante ello, el Supremo afirma que se están percibiendo cantidades a cuenta de una pretendida reparcelación económica sin haberse siquiera delimitado, tramitado ni aprobado el polígono".
Los magistrados califican de "evidente desigualdad" que el polígono objeto de la parcelación incluya las fincas ya edificadas cuando se derriben y vuelvan a edificarse, pues este supuesto puede tardar cientos de años. "La apariencia de una pretendida reparcelación econónrica, viene en realidad a constituir un impuesto que grava la nueva edificación en suelo urbano pero para el que no hay cobertura legal", afirma la Sala.
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