Querella de un empresario leonés

Un empresario leonés, Bernardo de Prado González, domiciliado en la localidad de Carrizo de la Ribera, presentó el jueves en el juzgado de guardia de Valladolid una querella criminal contra varios altos cargos de la Junta castellano-leonesa, entre ellos el nuevo presidente, Jesús Posada, el consejero José María Monforte y el director general de Transportes, Fernando Pascual Bravo, por un presunto delito de prevaricación en la concesión de los permisos para explotar la futura estación de autobuses de León capital, a cuya subasta concurrieron únicamente dos ofertas.La de Prado González superaba en vanos millones de pesetas a una segunda, presentada por un consorcio de empresas del transporte, al que finalmente fue adjudicado la explotación del recinto por considerarse que reunía mayores garantías que la primera en cuanto a su futura gestión.

La decisión de la junta se fundamentó en un informe jurídico redactado por la patronal del transporte, en el que se citaba a Prado González como un empresario fundamentalmente dedicado a negocios de juego -bingos y máquinas tragaperras- y espectáculos poco compatibles, según el mismo informe, con el carácter de servicia público de la nueva estación.

Jesús Posada, no quiso evaluar la querella. "No acabo de comprender los argumentos del empresario leonés", dijo, "aunque considera que "es perfectamente recurrible en el contencioso administrativo", informa Francisco Forjas.