Duras críticas de médicos y sindicatos a las propuestas de Garcia Vargas para controlar el gasto sanitario

Representantes de organizaciones médicas y sindicatos criticaron ayer duramente las declaraciones realizadas por el ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas. El responsable de la sanidad nacional, ante un público formado por expertos en economía sanitaria y gerentes de hospitales, afirmó que "los recursos económicos que se pueden destinar a la sanidad están llegando al límite; no se puede dar todo tipo de prestaciones a todo el mundo y, por tanto, hay que establecer prioridades". Para Garcia Vargas, son los profesionales los que deben decidir, en un debate abierto, "lo que se va a poder curar en un hospital y qué fuera de él".

Este planteamiento ha sido calificado de duro e irreal por Luis Villanueva, miembro de la junta directiva de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). "Sólo un economista es capaz de decir una cosa de éstas. El ministro de Sanidad debería saber que no hay enfermedades sino enfermos. Encargar a los médicos que decidan qué patoIogías son las que se tratan en los hospitales y qué se queda excluido es una cosa muy dura, que entra dentro de la obsesión que tiene García Vargas por ahorrar dinero", dice Luis Villanueva."Ésa es una decisión muy impopular que asusta a los enfermos y que no se puede tomar sin consultar antes con los partidos políticos y las organizaciones de consumidores y usuarios. García Vargas ha consultado únicamente con la Organización Médica Colegial (OMC), claramente partidaria de la sanidad privada. Nosotros estamos a favor de racionalizar la sanidad pública, pero en contra de ahorrar dinero por ahorrar".

Alberto Berguer, presidente de la OM C, coincide con Villanueva al calificar a García Vargas de poco realista, pero difiere que con la FADSP en las soluciones. "Es difícil que los médicos asuman ahora responsabilidades, porque en los últimos años se les ha quitado todo el protagonismo. Como médico, el día que me racionalicen los medios de diagnóstico colaboraré, pero todos los días se presentan excepciones de enfermos que te obligan a salirte del protocolo impuesto. En el momento que un político me diga a mí, como profesional, que niegue un tipo de prueba, me voy al juez y le digo que le pida la responsabilidad civil de mi actuación al político", dice Berguer.

"Yo le pido a García Vargas que sea realista. Estamos mareando la perdiz; el techo no son las patologías que tratar, sino el número de ciudadanos que hay protegidos por la Seguridad Social. No se puede aprobar la universalización, como se hizo el pasado viernes, sin tener en cuenta lo que eso va a elevar los costes. Al individuo que más consume hay que sacarlo del seguro; debemos liberalizarnos para que podamos contratar un seguro libre, que esté cofinanciado por el Estado y cuente con desgravación fiscal", concluye Berguer.

Para Vicente Garcés, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, las declaraciones del titular de Sanidad son "desafortunadas. Es cierto que tenernos los hospitales atiborrados de personas de la tercera edad y de enfermos crónicos. En este sentido sí estoy de acuerdo en que los servicios sociales hay que potenciarlos para ampliar los cuidados fuera del hospital. Pero las campañas que ha hecho la Administración sobre las nuevas tecnologías son las responsables de que se abuse de esos medios".

Para Emilio Castro, secretario confederal de UGT, las declaraciones de García Vargas entierran definitivamente el programa sanitario socialista de 1982, que contemplaba la universalización, la ampliación de las prestaciones y la total gratuidad. CC OO ha pedido una entrevista urgente con el ministro para que explique sus planes.

Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las declaraciones del ministro no van en contra de la política social que recoge la Constitución, pero habría que determinar cuáles son los criterios de valoración.