Una prueba académica
EL NUEVO régimen retributivo del profesorado de las universidades va a significar una verdadera prueba sobre el funcionamiento de la autonomía universitaria. Con arreglo a unos criterios generales que tendrá que establecer el Consejo de Universidades, serán éstas las encargadas de evaluar los méritos docentes de sus profesores cada cinco años; de esa evaluación dependerá la posibilidad de incrementar el salario del profesor en una cantidad anual que quedará consolidada y que oscilará entre 128.000 y 187.000 pesetas. La evaluación favorable de la labor investigadora, que se hará sobre tramos de seis años de ejercicio y dependerá de instancias externas a la Universidad, dará lugar a un incremento salarial de igual cuantía que el anterior.El hecho de que ya se haya anticipado que las evaluaciones iniciales, que tendrán carácter retroactivo, se van a realizar con criterios de la máxima flexibilidad permite suponer que la mayoría de los profesores actuales podrá beneficiarse de incrementos salariales importantes de manera inmediata.
Los profesores universitarios, según la propia Administración reconoce, tienen actualmente acumulada una pérdida en su valor adquisitivo equivalente a 27 puntos, por lo que no puede sino aplaudirse cualquier esfuerzo que se haga para intentar paliar cuanto antes esa situación, y ese esfuerzo asciende, en este caso, a unos 5.000 millones de pesetas en un primer momento. La verdad es que no puede esperarse todo lo que la sociedad demanda de la Universidad pública con unos profesionales retribuidos con salarios ni de lejos equiparables a los de la empresa privada.
Por este motivo, no le falta razón para su protesta a Comisiones Obreras cuando afirma que los nuevos complementos y otras subidas generales -que, según asegura, no cubren el nivel adquisitivo perdido- no son sino el "pago de algo que se debía a los profesores". También es razonable recordarle a la Administración, y a la sociedad en general, que la calidad de la enseñanza y de la investigación universitarias no sólo dependen de los salarios de los docentes, sino de unos presupuestos generales que siguen sin resistir la comparación con los del resto de los países de nuestro entorno. ¿Cómo evaluar la labor de un profesor obligado a impartir sus clases en aulas de 200 y hasta 300 alumnos?
Pero CC OO -la única central que no ha querido suscribir el acuerdo general con la Administración en que dicho real decreto se enmarca- incurre, sin embargo, en contradicción cuando, de una parte, argumenta que incrementar los salarios a cambio de superar determinadas evaluaciones es "poner bajo sospecha a toda la clase docente", añadiendo, de otra, que las evaluaciones periódicas "fomentarán el amiguismo, las recompensas y venganzas y contribuirán a enrarecer el clima de la vida universitaria". ¿Quién, entonces, pone bajo sospecha a quién? ¿Es incapaz la Universidad española de actuar con sentido de la responsabilidad, con equidad y con justicia, tanto a la hora de seleccionar a sus profesores como a la de retribuirlos? Si no lo es, que se diga. Ya va siendo hora de que no sólo esa central sindical, sino una buena parte de la clase universitaria, deje de echar balones fuera culpando de todos los males de la Universidad a la Administración, sea ésta del color político que sea. Por un lado se demanda autonomía y por otro se pide árnica a la propia Administración cuando se observa que el uso que se está haciendo de dicha autonomía es verdaderamente perverso. El profesorado universitario, lo mejor del profesorado universitario, que es un sector mucho más amplio, ciertamente, de lo que a veces se cree, tiene que decir basta a los eternos Jeremías de la Universidad española.
