Desalojados los inquilinos de un edificio comprado por una empresa de la que es socio Tamames

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el desalojo inmediato por ruina de un edificio en la Cava Baja, 30, comprado hace tan sólo ocho meses por la empresa Desarrollo Agrario, Industrial y Urbano (Dainursa), de la que es socio el concejal del CDS Ramón Tamames. La decisión municipal deja temporalmente sin techo a los inquilinos y favorece a Dainursa, que pretende rehabilitar la finca para hacer viviendas de lujo. Tamames alega que decidió desvincularse de Dainursa el pasado 31 de julio y que no ha presionado para que el edificio se declare en ruina. El primer teniente de alcalde, José María Álvarez del Manzano, afirmó ayer que desconoce la existencia de intereses municipales tras las recientes órdenes de desahucio.

En el viejo caserón de la Cava Baja, 30, que alberga el popular Mesón del Segoviano, se respira un aire enrarecido. Viven en el edificio unas 30 familias, casi todos inquilinos de renta antigua, que han recibido con sorpresa la orden municipal de desalojo.El inmueble, que se encuentra en un estado muy deteriorado, ha resistido durante más de 10 años a varios intentos de declaración de ruina. Los inquilinos confiaban en que el Ayuntamiento restauraría el edificio de forma sustitutoria y no les obligaría a hacer las maletas.

Ahora se preguntan si la urgencia con que ha tramitado el expediente el equipo de gobierno de Agustín Rodríguez Sahagún está relacionada con la vinculación del concejal del CDS Ramón Tamames a la empresa propietaria del edificio.

Tamames, que Ingresó en las filas del CDS en febrero de este año, declaró a este periódico que no ha utilizado su cargo de concejal del nuevo equipo de gobierno para dar vía libre al proyecto de Dainursa. Fuentes del anterior equipo de gobierno socialista han señalado, sin embargo, que hubo presiones en los últimos meses para intentar que se acelerara el desalojo forzoso de esta finca.

Si se lleva adelante el desahucio, la compañía Dainursa podrá rehabilitar el edificio con un notable ahorro económico y sin los numerosos problemas que plantea en estas operaciones la presencia de inquilinos molestos.

Dainursa, en la que participa Ramón Tamames junto con otros dos socios, compró el edificio en diciembre del año pasado. La empresa remitió una carta a los inquilinos el 10 de enero de 1989 para instarles a que se pusieran en contacto con la compañía "para regularizar su situación".

Ocho meses después, ha llegado la orden de desalojo "en el plazo más perentorio posible".

El decreto de la Gerencia de Urbanismo lleva fecha del 8 de agosto y se refiere a una inspección técnica que comprobó el estado ruinoso de la finca. El Ayuntamiento ha urgido a la propiedad para que ejecute las obras de demolición respetando la fachada.

"Te miran con lupa"

"En este país, cada vez que te mueves te miran con lupa", declaró Tamames. "Nunca me he pasado por la Gerencia de Urbanismo, ni se me ha ocurrido presionar", añadió. "El 31 de julio, coincidiendo con mi incorporación al Consorcio de Madrid 92, di órdenes a mis abogados para que desvincularan mi patrimonio de Dainursa y de otras sociedades inmobiliarias. El alcalde está al tanto".

Según Tamames, el expediente de ruina del edificio lleva abierto tres años. "Si algo hay que preguntar al Ayuntamiento es por qué ha esperado tanto y ha puesto en peligro la seguridad de los vecinos. Haría falta un plan de revitalización para evitar que el centro de Madrid se siga cayendo".

El patio interior del edificio está apuntalado y la escalera presenta grandes grietas. Los vecinos reconocen que el inmueble se halla en muy mal estado, pero sostienen que se tendría que obligar a la propiedad a hacer las obras de reparación sin dejarnos en la calle".

El primer teniente de alcalde, José María Álvarez del Manzano, reconoció ayer que detrás de las declaraciones de ruina "hay siempre una picaresca". "Puede ocurrir que haya propietarios que van al expediente de ruina para hacer operaciones inmobiliarias e incluso echar a los vecinos", afirmó.

"Que yo sepa, no hay intereses municipales en estas operaciones", añadió Álvarez del Manzano. "Entraremos sin piedad contra los que quieran especular a costa del Ayuntamiento. Ahora bien, por encima de cualquier cosa está la seguridad de los vecinos".

El primer teniente de alcalde admitió que el Ayuntamiento puede intervenir "en acción sustitutoria cuando el propietario no actúe". "Pero no podemos hacernos cargo de todo el centro de Madrid", puntualizó. El Ayuntamiento aún no ha evaluado lo que costará realojar al medio centenar de familias que ha recibido orden desahucio en los últimos días.