Tracas de fiesta, fuegos de muerte

María José Llorca Juan tiene 16 años y ha terminado segundo de BUP. Quienes la conocen cuentan que esta joven, de belleza mediterránea, es risueña y de buen carácter. Vive en San Juan, un pueblo de 10.000 habitautes cercano a Alicante que desde hace dos décadas vive del turismo gracias a su antaño preciosa playa. El 12 de agosto, María José vivió uno de los días más felices de su vida al ser proclamada reina de las fiestas de San Juan. La joven asistió embelesada a las tracas que se dispararon en su honor. Apenas siete noches después, María José vivió la jornada más dramática de su vida, de la mano de las tracas de feria que explotaron en el hipermercado Pryca, adonde ella había acudido con su madre.

El accidente se cobró ocho vidas, entre ellas la de Josefa Juan, madre de la reina de las fiestas Convaleciente todavía, María José es quizás la persona que ha vivido con más intensidad, con más crudeza, la cara y la cruz de la pirotecnia. Tracas de fiesta pero también fuegos de muerte.Las explosiones pirotécnicas han causado ya una larga lista de accidentes y muertes en España durante los últimos años. Alrededor de 40 muertos, según las fuentes consultadas, se han registrado en la pasada década. Pero nunca la catástrofe había causado tanto impacto como la del sábado 19 de agosto en San Juan Centenares, quizás miles de personas, formaban un febril hormiguero en aquella tarde en un hipermercado, ajenos a la proximidad de la tragedia. Un vehículo propiedad de la familia Rigal unos intermediarios pirotécnicos, se iba a convertir en una bomba, en el detonante del pánico, de la desolación.

La Guardia Civil y las autoridades gubernativas ignoran todavía el origen de los explosivos y la causa concreta que provocó el estallido de decenas de kilos, -una cifra aún por determinar-, de tracas, cohetes, pólvora, así como el destino al que se dirigía Rigal. El habitual paisaje del hipermercado fue borrado por el panorama del infierno. Más de una docena de coches destrozados, cristales rotos, carritos de la compra chamuscados, botellas esparcidas encontró la policía cuando llegó al aparcamiento de Pryca poco después de las 20.45 del sábado 19.

Junto a los restos de la explosión, cinco personas yacían ya muertas sobre un asfalto recalentado por las altas temperaturas de aquel día. Otras tres morirían camino de los hospitales. Tres más continúan debatiéndose entre la vida y la muerte con el cuerpo abrasado por las quemaduras. Apenas media hora antes de la explosión los diarios alicantinos Información y La Verdad y el monasterio de la Santa Faz cercano al hipermercado recibían avisos telefónicos de colocación de bombas. Todavía no se ha podido averiguar el origen de las llamadas.

Entre llantos y sollozos, entre la indignación y la impotencia familiares y amigos de las víctimas se preguntan ahora cómo es posible que un polvorín ambulante se encontrara aparcado a aquellas horas en la puerta de un hipermercado. Interminables informes y atestados de la Guardia Civil, voluminosos expedientes administrativos, largos pleitos jurídicos y políticos aguardan ahora a los damnificados con unas indemnizaciones en juego que pueden ascender a centenares de millones de pesetas.

Como tantas veces ocurre en las catástrofes, quizás no exista una causa única que explique el accidente de San Juan. El siniestro del hipermercado pone sobre el tapete un escenario de fondo que se llama economía sumergida -una práctica muy extendida en el País Valenciano-, saca a la luz las lamentables condiciones de trabajo y de seguridad en muchos talleres pirotécnicos; denuncia la incompetencia y la negligencia de unas autoridades incapaces de impedir que un vehículo particular transporte cientos de kilos de materiales explosivos, apunta a la responsabilidad de una Administración que ordena el cierre de Pirotecnia Levantina, para la que trabajaban los Rigal, pero no ejecuta la orden.

Del mismo modo, el tenebroso rostro de la catástrofe altera la sonrisa autosatisfecha de un pueblo como el valenciano acostumbrado a la cultura del fuego, de un país que ha convertido las tracas en un símbolo, en una tarjeta de identidad.

Los sindicatos han denunciado los peligros que entraña una industria como la pirotécníca, que agrupa a 35 empresas en Valencia; seis, en Alicante; y cinco, en Castellón, sin encontrar eco en los responsables administrativos, autonómicos y centrales que ahora se pasan la pelota de las responsabilidades.

La responsabilidad sobre apertura y cierre de estos establecimientos corresponde a los gobiernos civiles, así como el control sobre el transporte de materiales explosivos, pero la obligacion de informar técnicamente en aspectos laborales e industriales recae sobre la Generalitat. Pero todavía no se han puesto de acuerdo. Una farragosa relación de reglamentos, artículos y disposiciones sólo sirve, en una macabra broma, como cortina de humo de las responsabilidades.

Las otras víctimas

Pero, entretanto, la conciencia de que los muertos también están divididos por categorías comienza a cundir en San Juan, en Alicante y en todo el País Valenciano. Las autoridades debieron respirar tranquilas cuando supieron, ya en la madrugada del 20 de agosto, que no se trataba de un atentado de la organización terrorista ETA.

El presidente de la Generalitat, Joan Lerma, organizó su traslado desde Mallorca, donde se encontraba de vacaciones, a Alicante cuando las primeras noticias brindaban confusión sobre el origen del siniestro. Permaneció unas horas en Alicante durante el domingo 20 y regresó a la isla balear. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Eugenio Burriel, siguió las investigaciones por teléfono desde su retiro estival en la isla de Menorca.. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, todavía no ha abierto la boca.

Multitud de causas,

Trabajar, eso sí los investigadores para intentar establecer las causas del suceso, aunque quizás no lleguen nunca a lograrlo. Pero técnicos de la Consejería de Industria y expertos de la Guardia Civil han resumido con rigor la situación: "Un coche cargado de cientos de kilos de pólvora, tracas y cohetes actúa como una bomba, es una olla a presión y cualquier mínimo chispazo en medio de un aparcamiento repleto de vehículos y de depósitos de gasolina puede provocar la catástrofe".

Joaquín Rigal Vicó, de 22 años de edad, y su acompañante en el coche, José Muñoz Molina, de 23 años, están muertos. El padre del conductor, Joaquín Rigal Martínez, de 54 años, casado y con cuatro hijos, sin contar al fallecido, se lanzó al vacío desde un sexto piso de Alicante en la mañana del martes 22 de agosto. Los Rigal trabajaban en sus horas libres como intermediarios entre Pirotecnia Levantina y otras fábricas de Alicante y comisiones de fiestas o ayuntamientos de toda la provincia. Los trabajadores de Pirotecnia Levantina, que instaron a la Consejería de Trabajo a que paralizara las actividades de la fábrica el pasado 3 de agosto, han manifestado que los Rigal solían transportar cientos de kilos de pólvora y explosivos.

El fiscal del caso, Felipe Briones, y portavoces de la Guardia Civil señalan que estos fallecimientos complican extraordinariamente el esclarecimiento de los hechos. Por otra parte, el gobernador civil de Alicante, Pedro Valdecantos, admite que la investigación en los seis; talleres legales de la provincia y, en los centros de trabajo sumergidos encuentra dificultades. Nadie quiere dar la, cara. Entretanto, el presidente de la Asociación de Pirotécnicos, Valencianos, José Brunchú, defiende la seguridad en las empresas legales del sector y afirma ser el primer interesado en acabar con el trabajo sumergido y con la falta de control.

Pero miles de valencianos saben, por experiencia propia, cómo se transporta el material pirotécnico en cualquier fiesta. Es decir, en vehículos que no están preparados y que atraviesan multitudes que esperan el ruido de la mascletb o el disparo del castillo. Cualquiera, en una comprobación realizada por este periódico, puede encargar unas docenas de kilos de tracas y cohetes en una pirotecnia sin mayores garantías ni requisitos. Legalmente hasta los niños pueden comprar petardos o masclets durante las Fallas de Valencia, las Hogueras de Alicante o los Moros y Cristianos de Alcoy.

Él botón de muestra de un cierto espíritu colectivo de los valencianos lo sirvió a la perfección el alcalde de Elche, Manuel Rodríguez Macià, cuando manifestó públicamente a este diario que la seguridad del disparo de la palmera de la Nit de l'Albà de Elche estaba garantizada. Los encargados del disparo el domingo 13 de agosto y de la confección de la palmera no eran otros que Pirotecnia Levantina, cuyas actividades habían sido paralizadas 10 días antes.