Libertad deportiva

EL DEPORTE profesional español, y más concreta mente el fútbol, cuenta con una de las legislaciones más progresistas de Europa que, paradójicamente, alienta con frecuencia situaciones abusivas. Si originariamente, y hasta hace muy poco, el deportista español se movía en un entramado jurídico-laboral con evidentes connotaciones feudales, en la actualidad cualquier jugador puede romper unilateralmente su vinculación contractual con el club por el mero hecho de querer cambiar de entidad. Pese a ello, ningún profesional del deporte se ha atrevido a utilizar el decreto 1006 hasta las últimas consecuencias en defensa de su libertad como trabajador por cuenta ajena.Casi un año y medio después de publicarse en el BOE el citado real decreto (el 27 de junio de 1985), un jugador, el ahora madridista Paco Llorente, rescindió -previo pago de 50 millones de pesetas- su contrato con el Atlético de Madrid. En estos días, el baloncestista yugoslavo Drazen Petrovic ha decidido acudir a la justicia norteamericana, y no a la española -a pesar de que le amparaba la señalada legislación-, para demandar al Real Madrid y poder hacer uso de su derecho a rescindir el contrato y firmar uno nuevo con el club Portiand Trail Blazers, de la NBA. Curiosamente, una legislación racional y progresista propició una liberalización salvaje del mercado futbolístico, de la que se han aprovechado -básicamente- los clubes más poderosos y los jugadores. Las consecuencias de esta normativa se han dejado sentir también en el Campeonato de Liga, donde la cada. vez mayor diferencia económica entre el Real Madrid y el Barcelona con el resto de clubes profesionales se trasladó al terreno de juego: los dos clubes se han repartido los cinco últimos títulos de Liga y renuevan sus plantillas, a veces casi al completo, desmontando formaciones ajenas, gracias precisamente al nuevo marco de relaciones contractuales.

A ello habría que añadir el comportamiento peculiar de presidentes singulares de club que retienen a sus jugadores con cláusulas de indemnización superiores a los 1.000 millones de pesetas, mientras se permiten el lujo de incordiar a sus rivales prometiendo cifras fastuosas a sus estrellas para que rompan su ligazón contractual. En un ámbito más modesto, pero siempre con la constante de la primacía del poderoso sobre el débil, se puede citar el caso del fútbol vasco, hasta ahora tradicional defensor de la cantera y en el que el Athlétic de Bilbao decidió emular a los más fuertes y echar mano del talonario para quitarle jugadores a la Real Sociedad y a Osasuna.

No es tarea del legislador el conseguir un Campeonato de Liga más igualado, sino crear un entramado jurídico más justo. Sin embargo, y en el ámbito deportivo, hay que señalar que el precio de la libertad no es otro que el que los mejores jueguen donde más les paguen. Esta conclusión, tan descarnadamente mercantilista, es comprensible entre quienes han de solucionar su futuro en poco más de 10 años de trabajo. Ello explicaría, siquiera parcialmente, el que algunas leyes bienintencionadas se quedaran en un desarrollo incompleto, sin descalificar la labor del legislador.