Concejales de HB recuerdan cómo ETA advirtió que las cárceles y su entorno son objetivo militar

Concejales de Herri Batasuna (HB) del Ayuntamiento de Bilbao manifestaron ayer en Sevilla que, en "el supuesto de que ETA fuese la autora de los envíos de paquetes bomba" destinados a los funcionarios de prisiones, la organización terrorista "ya había advertido que el entorno de las cárceles era un objetivo militar". Mientras tanto, el ambiente en las cárceles que albergan etarras estaba crispado ayer y los funcionarios celebraban asambleas para analizar posibles efectos de la escalada terrorista que les sitúa, junto con sus familias, como objetivo de los terroristas.

Los concejales de HB llegaron a la capital hispalense para visitar a los etarras internados en el centro penitenciario Sevilla 2 -alrededor de sesenta- dentro de la gira que vienen realizando por diversas cárceles del sur español. Josu Isarandika, portavoz, Mlkel Arizaleta y KoIdo Celestino, los tres concejales de HB de la corporación bilbaína que visitan a los presos etarras, señalaron que "hay dudas sobre la autoría de ETA" en el envío de paquetes bomba, uno de los cuales mató el viernes a la madre de un funcionario de prisiones en Granada. No obstante, los concejales indicaron que si ETA fuera la remitente de los explosivos, "Es claro que estamos en una situación de resistencia en Euskadi, la resistencia del pobre, y eso nunca es terror; el terror lo hacen los ricos, los de arriba".

Josu Barandika rechazó, además, la acusación de malversación de fondos realizada por el Gobierno Civil de Bilbao y la fiscalía del Tribunal Superior del País Vasco en relación con el dinero municipal utilizado por los concejales para visitar a los presos vascos. "La malversación la realiza el Gobierno de la Monarquía cuando convierte el tan cacareado Estado de derecho en Estado de desecho, teniendo como punto de mira a los presos políticos vascos, que viven en condiciones inhumanas".

El portavoz de HB aseguró que la intención de los tres concejales era entrevistarse con el director de la prisión sevillana y hacerle entrega de una carta en la que HB solicita de los funcionarlos "que no sean los brazos ejecutores de las órdenes por las que se considera a los presos políticos vascos como rehenes", al igual que han hecho en otros centros. A este respecto, solicitó de los centros penitenciarios "un cambio de normas" en la relación con los etarras presos. "Hay funcionarios", apuntó, "que hacen su trabajo con cierta dignidad, pero otros se ensañan con los presos políticos".

Los tres concejales, que acompañaron ayer ante las puertas del centro penitenciario Sevilla 2 a los familiares de presos etarras, en donde se habían desplegado algunos efectivos policiales en previsión de posibles altercados, han visitado hasta ahora las prisiones de Murcia, Cartagena y Granada. Se da la circunstancia de que los representantes de HB coincidieron en la tarde del viernes en la prisión provincial granadina con los familiares de Conrada Muñoz, la mujer muerta corno consecuencia de la explosión de un paquete bomba, según manifestaron a este periódico funcionarios de la cárcel, quienes añadieron que no se habían registrado incidentes por ello.

El portavoz de HB declaró que Ia vía de la negociación política, que el Gobierno rompió en Argel unilateralmente", es la única salida al conflicto vasco, ya que Ia vía de la reinserción de los presos políticos vascos está ya absolutamente muerta". El Gobierno, según manifestó Barandika, "debe retomar las conversaciones de Argel" y abandonar Ias medidas de dispersión" de presos en las cárceles españolas.

Funcionarios del centro penitenciario Sevilla 2 difundieron ayer un comunicado en el que manifiestan su "más enérgica repulsa e indignación ante el cobarde y salvaje atentado" que costó la vida a Conrada Muñoz. Los funcionarios señalaron: "como profesionales que somos no nos dejamos ni nos dejaremos intimidar por coacciones y chantajes" de ETA.

La plantilla de la prisión se encontraba encerrada en asamblea desde primeras horas de la mañana. Los funcionario rechazaron "el brutal y cobarde atentado de la organización terrorista" y expresaron su "apoyo total" a Dionisio Bolívar, el hijo de la fallecida.

Mientras, en otras cárceles andaluzas que acojen a activistas etarras, la situación era de "indignación, aunque con serenidad", según comentaron algunos funcionarios.

Los funcionarios de la prisión Salto del Negro, de Las Palmas de Gran Canaria, acordaron ayer en asamblea solicitar a la Administración la creación de una fuerza especial de seguridad del Estado, para custodiar y vigilar a los presos de ETA en los centros peniteciarios del país. Los compañeros de Bolívar, según informa Carmelo Martín, continuaban ayer el encierro iniciado en la tarde del mismo día del atentado. La asamblea de funcionarios solicitó la cadena perpetua para los terroristas.

Veinte internos de esta prisión enviaron un escrito al delegado del Gobierno en Canarias, Eligio Hernández, en el que piden el traslado de los etarras a una prisión peninsular y los califican de "gente de bajo y degradante nivel humano".

Unos 40 funcionarios de la prisión de Daroca (Zaragoza) en la que cumplen condena cinco etarras, decidieron en asamblea la noche del viernes iniciar un encierro indefinido en solidaridad con el compañero de Las Palmas y en demanda de mejores medidas de seguridad informa Javier Ortega.

En Madrid, los funcionarios celebraron asambleas para discutir la nueva escalada terrorista que los situa como objetivo, informa Emma Roig.

"A mí esto me está dando asco" manifestaba uno de los funcionarios de una prisión madrileña , mientras otro aseguraba que desconocía las advertencias de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre las precauciones que hay que adoptar con los paquetes que reciben en sus domicilios "igual está en el tablón de anuncios pero yo no lo he leído".

Otro funcionario explicaba como había pasado la tarde anterior avisando telefónicamente a sus familiares sobre el cuidado que deben tener con el correo. Un celador, que al igual que sus compañeros no quiere facilitar su identidad, asegura que los presos conocen a los funcionarios por los nombres de pila "pero hasta hace muy poco, cualquier familiar que tuviera acceso a las oficinas ha podido ver nuestros nombres y apellidos porque estaban en un tablón".