Tres en raya

CON O sin adelanto de las elecciones legislativas, entre este otoño y la primavera de 1991 -es decir, en un plazo de 18 meses-, habrán de celebrarse no menos de seis o siete elecciones: además de las legislativas, las autonómicas de Galicia, Andalucía y el País Vasco; las municipales en toda España; las autonómicas de las comunidades que se rigen por el artículo 141 de la Constitución, y, seguramente, las autonómicas de Madrid. La celebración de elecciones de diverso orden cada poco tiempo podría parecer un factor de democratización, en la medida en que aumentaría el control de los gobernantes por los ciudadanos. Sin embargo, la experiencia concreta ha demostrado que, a medio plazo, el efecto de ese eventual exceso de participación es la ausencia de participación: los ciudadanos se sienten saturados de política y aumenta en ellos la apatía electoral, con el. efecto de deslegitimar las instituciones en que se fundamenta el sistema representativo.De otro lado, la democracia es cara. Las elecciones cuestan mucho dinero, sin que las diversas medidas ensayadas, en España y en otros países, para poner límite al despilfarro a que lleva la emulación propagandística entre partidos y Candidatos haya tenido efecto alguno. Lo único que cabe, entonces, es intentar agrupar diversas elecciones en las mismas fechas, de forma que se evite en lo posible tanto ese despilfarro como reacciones de hastío y apatía. De ahí que parezca razonable el intento de consensuar una reforma de la legislación electoral tendente a unificar diversas convocatorias electorales. El principio de acuerdo -o "acercamiento sin acuerdo concreto", en palabras del interlocutor del PP José Antonio Segurado- al que parecen haber llegado socialistas y populares es coherente con la opinión en tal sentido reiteradamente expuesta por Fraga y, recientemente, por Felipe González. Ese acuerdo, que aún debe perfilarse de manera más precisa y abrirse a la consideración de otras fuerzas, se refiere en principio a las autonómicas y municipales, pero podría servir de pauta para otras agrupaciones, en la perspectiva de ir configurando un mapa relativamente concentrado y sometido al mínimo posible de imponderables. En cualquier caso, deberá ser un acuerdo lo suficientemente flexible como para que situaciones excepcionales puedan resolverse sin gran conmoción.

Esa flexibilidad deberá ser máxima en lo referente a las comunidades autónomas vasca y catalana, cuyos presidentes disponen de facultad para disolver sus propios Parlamentos. Y ello por razones estrictamente políticas: las virtualidades del sistema autonómico para producir la plena integración de los nacionalismos en el sistema constitucional dependen en buena medida de la posibilidad de singularizaciones de relieve en el terreno más específicamente político. Y pocos asuntos tienen, en ese aspecto, la carga simbólica que se atribuye a la capacidad para disolver la cámara y convocar elecciones.

El anuncio del posible acuerdo se ha producido al mismo tiempo que Fraga proponía hacer coincidir las elecciones autonómicas gallegas con las legislativas, si por fin se adelantasen éstas al próximo otoño. Resultando coherente con ese criterio general de concentración de comicios, parece una buena iniciativa, especialmente por referirse a una comunidad caracterizada por sus elevados índices de abstención. La coincidencia de las dos elecciones estimularía probablemente una mayor participación, por lo que quien se oponga a esa iniciativa de Fraga deberá exhibir poderosas razones, sin que baste aducir que esa mayor participación podría favorecer la candidatura del líder del PP a la presidencia de la Xunta. Finalmente, existe la posibilidad de que la crisis abierta en la Comunidad de Madrid se resuelva mediante un acuerdo que conduzca al adelanto de elecciones en esa autonomía por una vía diferente a la de la reforma del Estatuto, demasiado larga y complicada. Si así fuera, lo que sin duda es deseable desde la perspectiva de los intereses de los ciudadanos, podría estudiarse la conveniencia de hacerlas coincidir también con las legislativas, si éstas se adelantan, y, en todo caso, con las gallegas.