La fiscalía vasca denunciará la subvención a HB para visitar a reclusos 'etarras'

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se dispone a denunciar en los próximos días un acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao, adoptado en 1984, en virtud del cual se ha concedido recientemente medio millón de pesetas a los concejales de Herri Batasuna (HB) en la corporación para que visiten a presos de ETA. El alcalde de Bilbao, José María Gorordo, consideró ayer esta financiación como una parte de la ayuda social a los marginados desarrollada por el consistorio.

La fiscal jefe en funciones del tribunal superior, María Ángeles Montes, declaró ayer que la entrega de medio millón a los concejales de HB puede constituir "un delito de malversación de fondos públicos, pues el dinero se utilizaría para fines particulares y no públicos". La fiscalía ha presentado en los últimos dos años siete denuncias por el mismo presunto delito contra otros tantos acuerdos municipales de ayuda económica a presos y familiares. Mientras, José María Gorordo, del PNV, interpretó ayer, en una conferencia ole prensa, la visita de los concejales de HB como una forma de llevar consuelo a ciudadanos de Bilbao involuntariamente alejados de la ciudad durante las fiestas de este mes. El alcalde no explicó, sin embargo, por qué sólo reciben esta visita, organizada para entregar a los reclusos libros y puros, los presos de ETA y no el resto de los reclusos bilbaínos.

Para el alcalde, la financiación municipal de los viajes de HB forma parte de una política de ayuda social y apoyo a los marginados. El Ayuntamiento, por ejemplo, contribuye con más de dos millones de pesetas anuales a los programas de la Comisión de Asistencia Social Penitenciaria, organismo en el que participa el Ministerio de Justicia. El Ayuntamiento aprobó hace meses correr con los gastos de la visita de concejales de otros partidos, Euskadiko Ezkerra y el propio PNV, a una prisión gallega donde se encontraba un objetor de conciencia insumiso.

Los cuatro concejales de HB de la corporación han recibido medio millón a cuenta de dietas y kilometraje por gastos de desplazamiento a las prisiones donde hay reclusos de ETA naturales de Bilbao. Esta partida debe ser entendida, según Gorordo, como gastos de representación específicos del grupo de HB, cuyos ediles no ostentan en este caso otra representación que la suya propia.

5.000 pesetas para champaña

De las siete denuncias presentadas en los dos últimos años por la fiscalía del tribunal superior contra acuerdos municipales de este tipo por presunta malversación de fondos públicos, la primera fue la referida a una decisión del Ayuntamiento de Plentzia (Vizcaya). Esta corporación aprobó enviar 5.000 pesetas a cinco presos de la localidad para que tomaran una botella de champaña en las fiestas de San Antolín. El Ayuntamiento de Busturia acordó en diciembre de 1987 y en el mismo mes de 1988 enviar 10.000 pesetas a los presos locales con ocasión de las fiestas de Navidad. La corporación de Echevarría hizo llegar a cada preso del pueblo 25.000 pesetas con el mismo motivo. En Elorrio, la comisión de gobierno destinó 107.006 pesetas a costear los gastos de la visita de varios concejales a presos de la organización terrorista.

En Getxo, el Ayuntamiento aprobó en diciembre pasado una tabla de ayudas a familiares para que pudieran visitar a los presos del municipio. Las subvenciones oscilan entre 6.000 y 18.000 pesetas, según la lejanía del centro penitenciario. El último acuerdo denunciado, en julio, es de Erandio y consiste en sufragar las visitas a las cárceles de los familiares directos.

Un portavoz del Gobierno Civil de Vizcaya interpretó ayer que la entrega de dinero público a concejales de HB de Bilbao es una malversación con mayor motivo que los casos citados, porque en ningún caso van a poder realizar las visitas que justifican los desplazamientos.

El Ministerio de Justicia decidió el año pasado prohibir las visitas a presos de ETA de concejales o representantes de la coalición independentista que no tengan parentesco familiar con los reclusos.

[Por su parte, la oficina de prensa de HB hizo público ayer un comunicado en el que sostiene que las denuncias de la fiscalía "no tienen apoyatura legal" y asegura que las mismas se deben a "una actitud de servidumbre [de la fiscalía] hacia las directrices políticas" del PSOE].