Plazas vacantes

Todos los años, cuando todavía seguimos pensando lo que nos deparará el año nuevo, el Gobierno socialista nos regala los oídos convocando miles de plazas dentro de la oferta anual de empleo público. Así, el ministro de Administraciones Públicas y el presidente González salen al paso de las críticas que se vierten ante la falta de ofertas laborales para titulados medios y superiores. Miles son las personas que firman estas oposiciones, la mayoría parados, y donde la media de edad ronda los 30 años. Cientos, los millones que recauda el Estado en concepto de gastos de examen. Pocos son los elegidos que al final logran superar una serie de pruebas donde, todo hay que decirlo, impera la legalidad.

No obstante, alguna oveja negra tenía que haber en una Administración que ha logrado imponer unos criterios selectivos de igualdad, mérito y capacidad.

Esta oveja negra es el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, que ha presupuestado plazas, creando un empleo ficticio, porque esas plazas no se han cubierto.

En 1988 convocaron 100 plazas en el cuerpo de gestión postal y telecomunicación. Después de un duro proceso selectivo los aprobados no sólo no entraron el pasado año, sino que han pasado siete meses de 1989 y nada saben de esas ficticias plazas que legalmente deben ocupar los aprobados en esa convocatoria. Esta actuación del Ministerio de Transportes sólo merece un nombre, y ese nombre, mal que les pese a muchos, es fraude.

Es una pena que casos como éste tengan que denunciarse en los medios de comunicación, ante lo que supone una total falta de ética de la Administración y una total indefensión de los administrados, en este caso gente que invirtió su tiempo y dinero creyendo que las plazas presupuestadas en la oferta de empleo son plazas palpables y tangibles y no una historia que todos los años nos cuenta el señor Almunia para obtener votos de aquellos que todavía creemos en la legalidad de las pruebas de acceso a la Administración pública.

En un Estado de derecho existe un respeto a las normas legalles. Es de esperar que la confusa actitud del Ministerio de Transportes se aclare de una vez y respete los derechos de esos que aprobaron una de las miles de plazas legales que dice convocar el Gabinete de González para combatir el paro.-