Siempre en campaña

Felipe González, entonces solamente secretario general del PSOE, y Leopoldo Calvo Sotelo, por aquellas fechas todavía jefe del Gobierno, firmaron el 31 de julio de 1981 unos pactos autonómicos que, de haberse cumplido por completo, habrían evitado al actual presidente el problema que tiene sobre la mesa: las elecciones se agolpan.Teóricamente, en los meses venideros pueden producirse tres convocatorias electorales próximas entre sí: en la Comunidad de Madrid, en Galicia y en Andalucía. Y si el presidente adelanta las generales serán cuatro.

El heredero de aquel gran pacto de 1981 suscrito por UCD y PSOE fue el partido socialista, que llevó al Boletín Oficial de las Cortes buena parte de su contenido. Pero el otro firmante no pudo, por defunción, hacer valer el contrato.

Por eso tal vez quedaron en el aire y en los servicios de documentación algunos pactos inclumpidos. Uno de ellos, el compromiso de promover una norma que agrupe en un solo día las elecciones dispersas.

Esta intención topa con el libre albedrío de que disponen cuatro presidentes autonómicos para disolver su Asamblea o convocar otra nueva; pero tal decisión constituiría la excepción tolerada, y no como ahora la norma sufrida. Así lo concibieron los firmantes del pacto, aunque nunca plasmaron su intención porque ni siquiera preguntaron a las demás partes implicadas.

Actualmente se celebran en fechas diferentes las elecciones generales, las europeas, las andaluzas, las catalanas, las vascas, las gallegas, y las municipales y regionales. Es decir, siete convocatorias cada cuatro años.

Y no sólo eso: nada impide que cada presidente de las 13 autonomías restantes convoque sus comicios en la fecha en que lo desee, cumpliendo más o menos los cuatro años de legislatura. O que, provisto de la correspondiente modificación legal autonómica, disuelva con prisas su Asamblea si lo cree conveniente.

Así, podría haber ocurrido que las elecciones de 1987 en 13 regiones se hubiesen celebrado en 13 días consecutivos, o en 13 días alternos diferentes, o incluso en distintos meses. Esto no sucedió, pero sólo gracias a un pacto alcanzado meses antes entre el Gobierno central y los regionales, ocupados mayoritariamente entonces por el PSOE.

Ahora bien, sigue abierta la posibilidad, siquiera sea teórica, de que unos presidentes de signo opuesto entre sí o distinto del que gobierne desde Madrid -como ocurre en Castilla y León, Aragón, Canarias, La Rioja y Cantabria- no alcancen un acuerdo global, sea por sus intereses o por la casualidad, y la política española se convierta en una campaña electoral incensante.

La ley que regula las distintas modalidades de referéndum, promulgada en 1980, señala en su artículo 42 que este tipo de consulta no puede producirse en el período comprendido entre los 90 días anteriores y los 90 posteriores a la fecha de celebración de elecciones parlamentarias o locales, generales o de otro referéndum. Ya hay, por tanto, en la legislación actual una norma que limita la coincidencia de convocatorias electorales. No obstante, esa ley da prioridad a las elecciones frente a los referendos: "Quedará suspendido automáticamente todo referéndum ya convocado", señala, "cuando hubiere de celebrarse en el período antes señalado, debiéndose proceder a nueva convocatoria".

El problema para las elecciones autonómicas es quién llevaría la prioridad de paso.