Los presupuestos en estudio para 1990 no incluirán medidas fiscales para aumentar los ingresos

El aumento de los ingresos presupuestarios previstos para 1990 será una consecuencia directa del crecimiento vegetativo normal de estos ingresos, según fuentes próximas a la Secretaría de Estado de Hacienda. "No va a haber medidas fiscales en el próximo presupuesto", aseguraron. Por otro lado, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, afirmó ayer que su departamento no excluye la adopción de una reglamentación "más dura" de las ventas a plazo si el gasto en consumo no se reduce.

"Los presupuestos de 1990 no van a introducir ninguna medida sustantiva de carácter fiscal", aseguraron ayer fuentes cercanas al Ministerio de Economía. El 11 % de crecimiento previsto de los ingresos será, por tanto, el resultado del crecimiento vegetativo de éstos y no de ningún aumento en la presión tributaría.La ralentización de los gastos, que crecerán un 8,7%, obedecerá tanto a una clara disminución de las transferencias de capital, sobre todo a las empresas públicas, como a un menor crecimiento de las inversiones en servicios públicos. Las inversiones en infraestructuras, sin embargo, mantendrán un crecimiento cercano al 12%.

El recorte en las transferencias de capital -que serán este año de poco más de 900.000 millones de pesetas, con una disminución superior al 2%- es, según fuentes de Hacienda, el resultado de la buena marcha de las empresas públicas. Este ahorro público obedece, pues, al descenso en las transferencias a las empresas del INI.

El menor gasto presupuestario en empresas públicas está en consonancia con la aportación presupuestaria que se destinará este año al Ministerio de Industria. Este departamento, junto con el de Relaciones con las Cortes, experimentará un descenso en su presupuesto del 5,9%, es decir, recibirá 12.466 millones de pesetas menos de las arcas del Estado.

La reducción del ritmo de crecimiento de los gastos corrientes es el segundo componente del descenso del gasto público previsto para el próximo año. En concreto, el crecimiento esperado en este capítulo será del 3,9%. En la disyuntiva entre hacer descansar este menor crecimiento entre la remuneración de los empleados del sector público y una ralentización del ritmo de crecimiento de las inversiones en servicios públicos, el Gobierno pretende inclinarse por la segunda opción. El freno al gasto corriente tiene como dificultad añadida que la mayor parte de esos gastos ya está comprometida, por lo que el Gobierno sólo pretende, en principio, posponer en todo lo posible las mejoras en servicios públicos en el próximo año. Estas medidas restrictivas tienen como objetivo común colaborar al enfríamiento de la demanda hasta conseguir un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 4%, en términos reales, con un crecimiento de la demanda del 5,2% y del consumo privado de un 3%.

El freno al consumo privado es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno y al que van dirigidas de forma prioritaria las últimas medidas fiscales y monetarias que ha adoptado el Gobierno. De resultar insuficientes, el Ejecutivo no descarta el endurecimiento de la reglamentación de las ventas a plazos, según comentó ayer el ministro Solchaga tras el debate en el Senado del proyecto de ley de adaptación del IRPF y el impuesto sobre el patrimonio.

Esta ley de adaptación estará en vigor hasta que se apruebe la nueva legislación de renta y patrimonio, sobre la que empezará a trabajar Hacienda el próximo día 10 de agosto.

La reforma fiscal que se va a acometer tendrá que variar la unidad contribuyente desde la familia, como venía siendo hasta ahora, hacia el individuo, según comentó ayer el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, en el curso Transformaciones económicas e información en la España de los ochenta, desarrollado en Miraflores y que clausuró ayer el director de EL PAÍS, Joaquín Estefanía.