La oferta sindical

LOS DOS principales sindicatos españoles han presentado ante la opinión pública un programa a medio plazo que define su estrategia en relación con la política social del Gobierno. En su presentación, los sindicalistas insistieron en que el documento deberá ser aceptado primero por los trabajadores, para lo que prevén que a partir de septiembre se celebren asambleas consultivas que, eventualmente, podrían desembocar en la convocatoria de un referéndum nacional. Se trata de una curiosa forma de acción sobre la que, de momento, no se han dado mayores detalles, pero los sindicatos asumen un riesgo evidente al adentrarse por una vía peligrosa que discurre demasiado próxima al ámbito estrictamente político y que, en el futuro, puede proporcionarles más problemas que ventajas.En cuanto a las reivindicaciones en sí, se recogen algunas clásicas a las que se añaden otras de nuevo cuño. En cualquier caso, tienen la ventaja de colocar las demandas sindicales en una perspectiva no inmediata y de formar un catálogo que puede servir de base para una discusión con los empresarios y el Gobierno. Las demandas de un programa de formación y empleo, de mejora del sistema sanitario público o de viviendas sociales, tienen una justificación evidente y son obligatorias, a estas alturas, en el programa de gobierno de cualquier partido político. Particularmente la de vivienda social, pues el aumento del precio de las casas, al que los sucesivos Gabinetes de Felipe González han asistido como espectadores impasibles sin hacer nada para evitarlo, hace cada vez más difícil el alojamiento de los jóvenes trabajadores y dificulta seriamente la movilidad de la mano de obra. Otras reivindicaciones son más que discutibles, como, por ejemplo, la indiciación salarial o el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios. Los países que practican la indiciación salarial son los que más problemas han tenido para controlar la inflación y en los que, como consecuencia, también ha sufrido más la creación de puestos de trabajo. En cuanto a la negociación colectiva de los funcionarios, ésta discurre en el ámbito político del Parlamento, lo cual no excluye la posibilidad de buscar fórmulas intermedias.

Hay, por último, una serie de propuestas que merecen la pena explorar. En primer lugar, la de reparto del trabajo. En algunos países se ha llegado a fórmulas interesantes, propuestas por los trabajadores de las empresas, en las que la reducción de las horas trabajadas ha llevado consigo una disminución proporcional de los salarios y un control sindical de la contratación de nuevos trabajadores por el equivalente de las horas liberadas. También son interesantes las propuestas relativas a la mayor participación de los trabajadores en las empresas; en este terreno hay mucho camino por recorrer en el nivel mismo de la producción: desde los círculos de calidad hasta los comités de higiene y salud en el trabajo, es perfectamente posible avanzar por la vía de una mayor participación que satisfaga, a la vez, las exigencias de la mejora de las condiciones de trabajo y de la productividad, entendida ésta en un sentido amplio. También son interesantes las propuestas de autorregulación de los conflictos y de negociación de servicios mínimos, cuya necesidad muy pocos discuten.

Se trata, pues, de propuestas importantes que podrían permitir la reanudación de un diálogo que durante muchos meses estuvo condicionado por las consecuencias de la huelga del 14 de diciembre y por las reivindicaciones concretas de entonces. El desarrollo de alguno de los puntos propuestos permitiría plantear el diálogo con los sindicatos en un terreno más favorable a la integración de los mismos; el problema básico es el de saber si existe, por parte de todos, la voluntad de avanzar por un camino difícil, pero necesario, tan sólo rechazado por quienes prefieren las certidumbres de la tecnocracia a los compromisos de una sociedad participativa.