El Gobierno se opone a la pretensión del PP de modificar el sistema electoral

MIGUEL GONZÁLEZ El Gobierno es contrario a modificar el sistema electoral porque considera que ahora sería muy difícil repetir el consenso obtenido en junio de 1985, cuando la ley vigente fue aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el Mixto. El Partido Popular prepara dos iniciativas, tendentes a desbloquear las listas y evitar el transfuguismo, que alterarían la normativa electoral.

Durante su reciente visita a Angola, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se manifestó absolutamente contrario al sistema de listas abiertas, que permite a los electores alterar la composición de las candidaturas, con el argumento de que ello obligaría a los candidatos a buscar el respaldo personal de determinados colectivos sociales, en perjuicio de la defensa de una opción ideológica o un programa político. Aunque Guerra no lo dijo con esas palabras, muchos dirigentes socialistas estiman que el sistema de listas abiertas es un caldo de cultivo para el caciquismo y para las operaciones de compra venta de votos.La proposición de ley que prepara el PP (ver EL PAÍS del pasado viernes) no va tan lejos como para propugnar las listas abiertas, sino que busca un punto intermedio entre este sistema y el actual, de listas cerradas y bloqueadas. La propuesta de¡ PP consiste en que los electores no puedan tachar o agregar nombres a las listas, pero sí, en cambio, alterar el orden de los candidatos, de forma que los partidos perderían parte de su actual poder en la confección de las candidaturas.

Contradicción

Como si conociera de antemano los propósitos del Grupo Popular, Gerra subrayó la contradicción que supone el que, por un lado, se quiera aumentar la autonomía de los candidatos en detrimento de las direcciones partidistas y, de otro, se critique a los representantes electos por cambiarse de formación política. La segunda de las iniciativas del PP, que obligaría también a modificar la ley electoral, pretende atajar el problema del transfuguismo estableciendo que aquellos parlamentarios o concejales que abandonen el partido por el que se presentaron a las elecciones perderán automáticamente su escaño.

En opinión de algunos destacados juristas, este precepto resulta difícilmente encajable en la Constitución, que atribuye a los parlamentarios el papel de representantes de la soberanía nacional, mientras que limita a los partidos a meros instrumentos de participación política de los ciudadanos. En ese sentido se ha pronunciado el propio Tribunal Constitucional, para quien la titularidad del escaño corresponde al representante electo y no al partido.

Hasta ahora, el debate entre las fuerzas políticas se ha reducido a la posibilidad de modificar el reglamento del Congreso, para limitar la capacidad de trasvase de los diputados de unos grupos parlamentarios a otros. Dicha limitación consistiría en que los diputados que abandonaran su grupo de origen deberían, forzosamente, permanecer en el mixto.

El PP presentará sus dos proposiciones de ley en el Congreso la próxima semana, una vez que la dirección del partido, y particularmente su presidente, Manuel Fraga, dé el visto bueno a los textos que ultima el diputado popular Manuel Renedo. Dada la oposición del Gobierno a modificar la ley electoral, es muy difícil que sean admitidas a trámite.