Chaves entiende que los sindicatos corren el riesgo de convertirse en partidos políticos encubiertos

El ministro de Trabajo, Manuel Chaves, declaró ayer que la plataforma común realizada por UGT y CC OO "intenta arrancar al Gobierno lo que no se ha podido arrancar a los empresarios en las negociaciones colectivas". Chaves acudió a los cursos de verano que la Universidad Complutense organiza en El Escorial para hablar de la crisis de representatividad de las centrales. En este enclave, recomendó a los sindicatos que recuperaran su protagonismo en los centros de trabajo si queren ganar fuerza, ya que, a su juicio, la mayor responsabilidad Me las mejoras de las condiciones de vida y de trabajo corresponden prioritariamente a la negociación entre sindicatos y empleadores".

El ministro de Trabajo analizó en su ponencia los riesgos de la negociación entre Gobierno y sindicatos, y entre ellos destacó el hecho de que "la presión sindical se dirige preferentemente contra el Estado", posición que, llevada al extremo, "encierra el peligro de estatalización de las relaciones de trabajo". Para Chaves, la plataforma sindical prioritaria que recientemente han presentado CC OO y UGT se enclava en este contexto. A su juicio, los sindicatos incluyen en este plan estratégico reivindicaciones que no se han podido conseguir en la negociación colectiva, "en la que sólo se han obtenido incrementos salariales", por lo que exigen "leyes que regulen la jornada laboral, las horas extraordinarias...".En cuanto al papel de la Administración con respecto a los empleados públicos, defiende que "la empresa pública tiene autonomía en España", por lo que se mueve con los mismos parámetros que las empresas privadas. El ministro argumentó en su intervención que la politización de los sindicatos produce una alta dosis de inestabilidad, ya que sus posiciones se desarrollan en función de los cambios de Gobierno. En la ponencia, el ministro de Trabajo y Seguridad Social cuestiona la representatividad de las centrales e indica que su acción debe limitarse a participar en las decisiones públicas vinculadas a las condiciones de vida de los trabajadores y no de los ciudadanos, porque esto significaría "el tránsito de un sindicato a un partido político".

Por otro lado, entiende que el éxito sindical depende de "negociaciones concretas en las que el sindicato asuma responsabilidades a cambio de contrapartidas". Con respecto a la que actualmente se intenta reiniciar entre el Gobierno y las centrales UGT y CCOO, Chaves ha declarado que no se siente muy optimista con respecto a que "en el ambiente actual pueda ser posible la concertación".

Ley de huelga

Con respecto a la ley de huelga, declaró que "se ha alentado el debate sobre la necesidad de encontrar nuevas formas de regulación del derecho de huelga" con el objetivo de reforzar la capacidad de gestión de los sindicatos mayoritarios y garantizar los derechos de los ciudadanos terceros respecto a los conflictos.Haciéndose eco de reflexiones de otros analistas, Manuel Chaves comentó que el Estado debe intervenir en las "perturbaciones más insensatas de la convivencia civil" cuando los sindicatos demuestran su incapacidad para neutralizarlas con sus propios medios. Con respecto a la situación en España, y recordando los conflictos que se han desarrollado en los últimos meses, considera necesaria una nueva forma de regulación que sólo admite dos salidas: la autorregulación o la propia ley de huelga. Según sus propias reflexiones, la primera salida no parece posible si se tiene en cuenta que "la proliferación de conflictos declarados y gestionados al margen de la actividad de los sindicatos representativos es una de las vías de erosión del poder sindical".

Abundando en ello, Chaves defiende que los sindicatos no sólo terminan desbordados por las decisiones que emanan de los comités de base, sino que terminan sumándose a iniciativas conflictivas que no decidieron y que tampoco pueden gestionar. Esta situación es grave si se tienen en cuenta las consecuencias sobre los servicios esenciales que aseguran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por tal razón, y amparándose en la necesidad que los propios sindicatos mayoritarios tienen de defenderse incluso de las organizaciones corporativas, entiende que se necesita una regulación del derecho a la huelga.

En posterior conferencia de prensa, Chaves respondió a la crítica de los sindicatos sobre el reciente proyecto de ley de pensiones no contributivas, en la que se universaliza una cantidad mínima de 23.140 pesetas por pensionista. A este respecto, considera que "las centrales no han pensado muy bien" lo que supondría pagar las 30.000 pesetas que reivindican, porque "lo normal es que sean dos personas las que cobren la pensión" por unidad familiar, lo que supondrían 60.000 pesetas mensuales ' y esto "produciría una quiebra del sistema contributivo de pensiones" y potenciaría la falta de interés por parte de los trabajadores de cotizar a la Seguridad Social.