El Gobierno envía a la el plan de ayuda a la formación sin negociar con los sindicatos
M. Z., Representantes de las Direcciones Generales de Trabajo y Empleo dieron a conocer ayer a los sindicatos las medidas de empleo y formación profesional que se aplicarán durante 1990-1992 con fondos de la CE. Las centrales reivindicaron su derecho a negociar estos temas al saber que los proyectos ya se habían enviado a Bruselas.
Comisiones Obreras y UGT criticaron ayer el "doble discurso" que se ofrece desde la Administración, que por un lado se declara partidaria de la concertación y por otro "se limita a consultar a los sindicatos". El grupo de trabajo permanente acordado por el Consejo General de Formación Profesional reunió ayer a representantes de los trabajadores, empresarios, y delegados del Gobierno para analizar cómo se distribuirá el billón de pesetas que hasta 1992 se va a dedicar al empleo y la formación de jóvenes y parados de larga duración.Estos fondos están cofinanciados entre el Gobierno y la Comunidad Europea, desembolsando cada parte cerca de 560.000 millones de pesetas, por lo que UGT y CC OO exigen un plan continuado que aborde la formación con objetivos reales. Ambas centrales criticaron la actitud de la Administración, cuyos representantes les anunciaron que el proyecto no se podía modificar porque ya se había enviado a Bruselas.
Los representantes sindicales consideran "escandaloso" que en el documento entregado por la Dirección de Trabajo, se hayan introducido propuestas que ya hizo en la mesa del empleo sobre la contratación, ante las que ya mostraron su rechazo. Por otro lado, denunciaron que en la reunión se pretendió abordar temas oncernientes al empleo que deben ser debatidos en el Consejo General del Inem.
Gestión eficaz
Tanto Comisiones Obreras como UGT han solicitado que los fondos provenientes de la Comunidad Europea se gestionen y utilicen eficazmente, a fin de crear empleo de calidad y formación que recicle y actualice los conocimientos profesionales de los trabajadores, tanto activos como parados. Por otro lado, exigen que dichos fondos estén controlados por los sindicatos "como ya ocurre en el resto de los países comunitarios".
La opinión de los representantes de la Administración no pudo ser recogida por los medios de comunicación ya que, al parecer, "órdenes ministeriales" prohibieron el acceso a estas fuentes, argumentando que se trataba de "una mera reunión de trabajo". El contacto de la Prensa con las centrales sindicales se produjo en los pasillos del edificio, tras amenazas por parte de las centrales de abandonar la reunión si se obstaculizaba la labor informativa.
En última instancia se aceptó que los sindicalistas se encontraran con los periodistas al final de la reunión que se celebró en las dependencias de la Dirección General de Empleo, en Madrid.
