Otro terrorismo
DEMENTES O avispados en exceso y, en cualquier caso, peligrosos aprovechados dedican su tiempo a hacer chantaje a empresas alimentarias bajo la amenaza, real o inventada, de manipular sus productos con riesgo grave para la salud y la vida de los consumidores. En España, uno de estos individuos logró recientemente cobrar con tales artes 19 millones de pesetas de una empresa de productos lácteos antes de que la policía lograra detenerle. En el Reino Unido causó estupor la pasada primavera el descubrimiento de medio centenar de tarros de preparados alimenticios infantiles con cristales, alfileres y trozos de cuchillas en su interior, que la policia relacionó con un intento de extorsión a las dos firmas fabricantes del producto. En 1984, una banda de extorsionistas intentó cobrar en Japón unos 65 millones de pesetas de una gran empresa de confitería introduciendo cianuro en sus dulces.Ya sea por ánimo de lucro o como una forma de guerra comercial o de terrorismo, es un hecho que este tipo de amenaza ha entrado en los cálculos del crimen organizado. Defenderse de la intimidación cuando el objetivo es tan vulnerable como la cadena alimentaria no es nada fácil. Los intereses comerciales y el mejor servicio del consumidor exigen que el producto esté cada vez más a mano de quienes deben comprarlo. Por otra parte, la venta de los productos se funda cada vez más en una relación de confianza entre fabricante y cliente. Por ello es fuerte la tentación de ceder a la extorsión para evitar el mal mayor de publicidad de una amenaza que, aun siendo falsa, produciría un daño irreparable a la compañía productora. Pero ceder al chantaje no es solución. Con ello rara vez se apacigua la avaricia del delincuente y se corre siempre el riesgo de que posibles imitadores se aventuren en la misma dirección. En todo caso, no es un asunto que deba resolverse a solas entre quienes recurren a método tan infame y sus víctimas. Policías y jueces no pueden quedar marginados en la persecución de estos delitos. Y, desde luego, la prudencia que exige el tratamiento informativo de este tipo de asuntos debe ser compatible con la máxima transparencia cuando la amenaza haya derivado en un riesgo cierto para la salud y la vida del consumidor.
