Un español se incorporará para la Prevención de la Tortura

BONIFACIO DE LA CUADRA, El vicepresidente del Congreso de los Diputados, Leopoldo Torres, de 48 años; la senadora socialista Francisca Sauquillo, de 45, y el abogado José María Mohedano, de 41, son los candidatos del Gobierno entre los que el Comité de Ministros del Consejo de Europa elegirá en fecha inminente al miembro español del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Según el convenio, publicado ayer por el Boletín Oficial del Estado, el comité podrá visitar todo lugar Monde haya personas privadas de libertad por una autoridad" y hacer una declaración pública si el Estado no coopera.

El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, hecho en Estrasburgo el 26 de noviembre de 1987, tiene como objetivo reforzar "mediante un procedimiento no judicial de carácter preventivo" la protección de las personas privadas de libertad.Para ello se creó un Comité Europeo, compuesto por un número igual al de los Estados parte en el convenio, autorizado a visitar todo lugar bajo la jurisdicción de las partes donde se encuentren presos o detenidos. También podrá realizar un informe en principio confidencial, pero que podrá convertirse en una declaración pública si el Estado no coopera o se niega a mejorar la situación a la vista de las recomendaciones del comité.

Visitas "sin testigos"

El Estado visitado facilitará a los miembros del comité el desplazamiento por su territorio sin restricciones y los datos necesarios sobre los lugares en que se encuentran personas privadas de libertad, en los que podrán desplazarse libremente, entrevistarse "sin testigos" con las personas detenidas y ponerse en contacto con cualquier persona que, a su juicio, pueda proporcionarles datos útiles.

El convenio entró en vigor de forma general el 1 de febrero de 1989, tras la ratificación por los ocho primeros países firmantes. España y Dinamarca ratificaron el convenio el pasado 2 de mayo y en ambos Estados entrará en vigor el 1 de septiembre próximo, con lo que se convertirán en los números 14 y 15 por el orden de entrada en vigor.

Los miembros del comité serán elegidos para cuatro años. entre personalidades de elevada moralidad, conocidas por su competencia en materia de derechos humanos o que cuenten con experiencia profesional en los campos que abarca el presente convenio".

Los tres candidatos oficiales españoles son abogados y han luchado por los derechos humanos, especialmente durante la dictadura franquista. El socialista Torres, que ha formado parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como juez español para el caso Bultó, participó en misiones oficiales a las dictaduras chilena, portuguesa y brasileña, en representación de organizaciones humanitarias.

Sauquillo, procedente de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, por la que en 1979 fue candidata a la alcaldía de Madrid, ha destacado por su apoyo a los movimientos vecinales y pacifistas. En 1983 se integró en el PSOE. Mohedano, antiguo militante comunista, presidió la Asociación Pro Derechos Humanos hasta 1985 y un año después ingresó en el PSOE. Asistió como observador internacional al juicio contra los miembros de las juntas militares de Argentina y a las elecciones de Nicaragua.

Candidatura alternativa

Frente a la terna oficial, organizaciones no gubernamentales europeas defensoras de los derechos humanos, y especialmente suizas, han realizado gestiones en favor de la candidatura del anterior Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez; el ex presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, y el expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, José María Mohedano, único candidato que también figura en la terna gubernamental.

Los miembros del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura gozarán "durante el ejercicio de sus funciones, así como durante los viajes que desempeñen en el ejercicio de las mismas", de inmunidad de detención o arresto y de embargo de sus equipajes personales y exención de cualquier medida restrictiva de su libertad de movimientos.

En defensa de la libertad de expresión e independencia de los miembros del comité, seguirá otorgándoseles inmunidad de jurisdicción respecto a sus palabras, escritos o actos en el cumplimiento de sus funciones, incluso después de que haya terminado su mandato.