El Gobierno confía en que la policía española podrá perseguir 'etarras' a partir de 1991 en el sur de Francia

El Gobierno español confía en que la policía pueda perseguir a partir de 1991 etarras o cualquier otro tipo de delincuentes en el sur de Francia cuando hayan cometido un hecho criminal en España. Así, la supresión de los controles fronterizos terrestres, prevista para ese año, no supondrá un beneficio para el huido. El denominado derecho de persecución en caliente es debatido actualmente por los países del Acuerdo de Schengen (Francia, República Federal de Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo), a los que España pretende adherirse dentro de dos años, junto con Italia y Portugal.

De esta manera, ocho países comunitarios se adelantarían en otros dos años al resto de países de la CE en una de las disposiciones del Acta única, que establece la libre circulación de personas.El derecho de persecución en caliente es uno de los asuntos debatidos en el Grupo de Schengen. Es, sobre todo, el problema que los delegados de los cinco países no pudieron acordar el pasado viernes en su última reunión, celebrada en París. La reunión de los delegados de Francia, RFA, Bélgica, Holanda y Luxemburgo no alcanzó un consenso sobre este aspecto, al igual que sobre el trato reservado a ciudadanos de otros países (política de visados, extranjería y asilo), extradiciones y problemas de controles en aeropuertos.

Asimismo, la reunión de París ha supuesto que formalmente se retrase la puesta en marcha del punto fundamental del Acuerdo de Schengen, firmado en 1985 en la localidad luxemburguesa del mismo nombre, que supone la supresión de las fronteras terrestres entre sus respectivos países. En principio, el Grupo de Schengen pretendía que la apertura fronteriza fuera un hecho el 1 de enero de 1990. Sin embargo, la reunión de París de la semana pasada retrasó esta fecha a 1991, sin especificar el mes en concreto.

Los problemas técnicos del derecho de persecución en caliente aún no han sido resueltos en el seno del Grupo de Schengen. Así, no se ha determinado el número de kilómetros o el tiempo de estancia de un policía en el país extranjero. También falta por acordar el papel reservado a los agentes del país donde pueda llegar el delincuente perseguido y la colaboración entre las diferentes policías.

En principio, el derecho de persecución en caliente supone que, si unos delincuentes que son perseguidos por la Policía logran abandonar el territorio donde han cometido el delito gracias a que se han suprimido precisamente los controles fronterizos-, los agentes perseguidores pueden continuar su actuación hasta que la Policia del país vecino se haga cargo de la situación.

La importancia de que el Grupo de Schengen apruebe todas las medidas previstas radica en que cualquier otro país que se adscriba en el futuro estará obligado a aceptar en bloque lo acordado por Francia, RFA y el Benelux, según señaló a este periódico Rafael Pastor, secretario general para las Comunidades Europeas. De momento, Italia posee el estatuto de país observador, mientras que España y Portugal han hecho gestiones para integrarse en el Acuerdo.

Ingreso en Sebengen

Herminio Morales, director general de Consulares, realizó recientemente, a requerimiento de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, una gira por los países del Acuerdo de Schengen para recabar información y exponer la postura favorable española a la adhesión.

Estas visitas tuvieron un carácter informal, ya que la decisión de ingreso en el grupo de Schengen aún no ha sido tomado oficialmente en el seno del Gobierno español, añaden fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estas fuentes han señalado que los países de Schengen aconsejaron precisamente a Morales que España retrase su petición formal de integración hasta que se hayan aprobado todos los paquetes pendientes, entre ellos el de la persecución policial en caliente.

No obstante, Rafael Pastor señaló a este periódico la voluntad gubernamental española de ingresar en Schengen, debido a un cierto escepticismo sobre el Acta única, que deberá entra en vigor el 1 de enero de 1993. El Acta única establece la supresión de fronteras y la libre circulación de personas.

Sin embargo, Rafael Pastor -uno de los hombresfuertes en el proceso integrador- mostró sus dudas respecto a que, finalmente, en 1993 se pueda alcanzar todos los objetivos del Acta única. Estas dudas se deben, según Pastor, a la labor de ralentización de algunos socios comunitarios, en una clara alusión al Reino Unido, cuya posición se dejó sentir en la pasada cumbre de la CE, celebrada en Madrid y que dió por finalizada la Presidencia española.

De ahí, según Pastor, la importancia del Acuerdo de Schengen, que además de adelantar esa fecha a 1991, supone que "puede haber un núcleo de ocho países [los cinco que ya se han integrado, más España, Italia y Portugal] que tengan próximamente libertad de circulación". "Esto, además, supondría un ejemplo para los otros países [Reino Unido, Irlanda, Grecia y Dinamarca]", añadió.

'Dos velocidades'

El secretario general para las Comunidades Europeas es consciente de que este planteamiento llevado al extremo supondría la Europa de las dos velocidades, pero en su opinión "es mejor que haya dos velocidades a que siga habiendo fronteras". Rafael Pastor añade: "Europa necesita una seña de identidad y ésta puede ser la inexistencia de fronteras".

Fuentes del Ministerio del Interior, departamento dirigido por José Luis Corcuera, señalaron que "todo aquello relacionado con la contemplación del delito comunitario" es positivo para la supresión fronteriza. En la última reunión del Grupo de Trevi, la delegación española planteó el delito comunitario, aunque otros países mostraron sus reticencias.