La CE abre un procedimiento contra el plan español de reestructuración naval

FÉLIX MONTEIRA, Comisión Europea decidió ayer iniciar un procedimiento contra el plan de reestructuración naval por entender que las ayudas públicas contempladas en el mismo son excesivas y por oponerse a la compensación de pérdidas prevista para los astilleros del Estado, que se eleva a 107.188 millones de pesetas para el período 1987-1990. La Comisión intenta por esta vía obligar al Gobierno español a un cierre de astilleros y a una reducción de plantas que permitan al sector naval español "ser competitivo con el resto de la CE a finales del próximo año". Los planes del Gobierno, según fuentes comunitarias, "no se ajustan a este objetivo".

La decisión de la Comisión Europea, adoptada formalmente ayer, fue avanzada el martes al ministro de Industria, Claudio Aranzadi, quien se entrevistó en Bruselas con Leon Brittan, comisario responsable del tema. Ayer mismo, el Gobier no español remitió un escrito a la CE en el que se expresa el "profundo desacuerdo" con la medida "por tener un funda mento jurídico dudoso".El litigio de la CE con España, el de mayor envergadura en cuanto a ayudas públicas, lleva gestándose dos años, pero la Comisión Europea ha tenido la gentileza de esperar a que fina lízara la presidencia española de la Comunidad para no plan tear una dificultad política aña dida al Gobierno. Aunque el proceso administrativo puede desembocar ante el Tribunal de Justicia, fuentes próximas al comisario Brittan afirmaron ayer que el objetivo es buscar un compromiso sobre el alcan ce del plan de reestructuración naval. "Existen dudas sobre su cumplimiento, y el objetivo de la reconversión parece insufi ciente", explicaron. Los demás países comunitarios serán in formados para que presenten las objeciones sobre un plan en el que "están vivamente intere sados, puesto que España es el segundo constructor naval de la CE, detrás de la RFA".

La pelea sobre las ayudas al sector naval, que deja pequeño el litigio similar saldado con la reducción de subvenciones públicas a la Empresa Nacional de Autocamiones SA (ENASA), se inició en 1987, tras la entrada en vigor de la sexta directiva de la CE, que prevé un tope de ayudas a la construcción naval actualmente fijado en el 26% del valor del buque nuevo o de la transformación del mismo. España y Portugal gozan de un régimen de excepción como consecuencia de haber iniciado la reconversión naval con años de retraso sobre el resto de la Comunidad.

En el caso español, la Comisión se ha negado a autorizar las subvenciones previstas en 1987, cuyo tope de hasta el 85% del valor del buque es considerado excesivo.

El proyecto del plan remitido a la CE en noviembre de 1988, es decir, "con casi dos años de retraso", contempla un proceso en dos fases. En la primera (1984-1986), ya finalizada, la capacidad de los astilleros se redujo en un 55%, de un millón a 450.000 toneladas de registro bruto. El empleo cayó de 37.350 a 24.500 trabajadores. A pesar de este esfuerzo, la producción de los astilleros nacionales experimentó en 1985 un incremento del 42,8%, según la Comisión.

Pero el verdadero problema se refiere a los proyectos para Claudio Aranzadi.

el período 1987-1990, en el que, según la Comisión, el reajuste ha de ser mayor que el contemplado por el Gobierno. Las previsones para esta segunda fase son de una reducción de plantillas de 24.500 a 18.550 trabajadores y un recorte añadido en la capacidad de construcción hasta "400.000 o 350.000 toneladas". La CE considera insuficiente esta cirugía. Además, existe una radical oposición a la inclusión de ayudas para gastos operativos de las empresas unidas a las verdaderamente destinadas a la reconversión del sector. Y se considera incompatible con las normas comunitarias la previsión del Estado de dotar a los astilleros públicos, a través del INI, con 107.188 millones de pesetas en concepto de compensación de pérdidas.