Siete guardias civiles, acusados de cohecho por permitir que se descargase contrabando
Siete agentes de la Guardia Civil, entre ellos un teniente, fueron juzgados ayer en la Audiencia de La Coruña, acusados de un delito de cohecho por permitir descargas de contrabando a cambio de dinero. Los agentes, destinados en el puesto de Pontedeume (La Coruña) mantuvieron esta conexión con las bandas del contrabando desde finales de 1979 hasta 1983, cuando fueron descubiertos por dos agentes de vigilancia fiscal que se hicieron pasar por contrabandistas.En el banquillo de los acusados se sentó también Manuel Mira Rey, alias O Chapista, que era el presunto contacto de la banda contrabandista con los números de la benemérita. Otro presunto implicado, acusado de entregar el dinero, Adriano Conçencao Núñez, está en rebeldía. El fiscal solicita penas de tres meses de arresto para los acusados y multas que superan los 16 millones de pesetas. Además, seis años y un día de inhabilitación especial para los agentes. Las defensas solicitan la absolución, excepto las de Vieiro Vidal y Ramón González, que piden se consideren circunstancias atenuantes. Los guardias civiles permanecieron en prisión preventiva un promedio de un año y actualmente están destinados en diversos puestos. Uno de ellos desempeña tareas de vigilancia aduanera en Lobios.
Los 50 kilómetros que forman la línea de Pontedeume, "desde Astano al chalé del señor Fraga", en palabras de uno de los acusados, estaban vigilados por dos patrullas. La primera compuesta por Germán Galdo Lamas, Celso Bayo Paredes y Alberto Grandio Fernández, y la segunda por Juan Jesús Vieiro Vidal, Manuel López Varela y Juan Manuel Ramos González. Según el fiscal, las actividades de los guadias civiles con los contrabandistas atravesaron tres etapas: al principio actuaba cada patrulla por su cuenta, y después establecieron un sistema de reparto. Con la llegada del teniente Manuel Rodríguez Quintás, en el verano de 1980, éste pasó a coordinar las operaciones y a cobrar un millón de pesetas por cada alijo. Según los investigadores fiscales, los agentes cobraban antes una media de 250.000 pesetas.
Los acusados negaron los hechos durante la vista oral, que continuará hoy. Cuatro agentes señalaron que las nueve anteriores declaraciones, ante sus superiores, un juez militar y otro civil, las habían firmado sin leer, amedrentados por un teniente y un agente de la Guardia Civil, armados.
