Becas cíclicas

LA POLÍTICA de becas ha sido siempre valorada como el mejor instrumento al alcance de los Gobiernos para democratizar la enseñanza y promover la igualdad de oportunidades. La inversión en educación sitúa la línea divisoria que separa a los países con futuro de los que están estancados, hasta el punto de que es mera ilusión afanarse por la modernización económica y tecnológica sin la previa modernización educativa y cultural. Pero el alto coste de la enseñanza hace prácticamente inviable que pueda ser financiada por entero a cuenta de los presupuestos del Estado. Y esto ocurre principalmente en el nivel de los estudios universitarios.Estos días se ha abierto el plazo para la convocatoria de becas y ayudas escolares destinadas al curso 1989-1990. La principal novedad, referente al nivel de las enseñanzas universitarias, es que las becas se concederán por ciclos académicos enteros (cursos primero, segundo y tercero, por un lado, y cursos cuarto, quinto y sexto, por otro), en lugar de curso a curso, como venía siendo habitual. La medida es racional y positiva en cuanto que se adapta a la estructura periódica de los estudios y sitúa al estudiante en unas mínimas condiciones de seguridad y estabilidad que sólo pueden redundar en una mejora de los resultados de su trabajo. Pero sus benéficos efectos pueden quedar en gran parte desdibujados si la Administración educativa no es capaz de conseguir algo que parece sencillo, pero que, a juzgar por las numerosas quejas estudiantiles al respecto, se revela como una tarea ardua: que las becas y demás ayudas económicas lleguen al bolsillo del estudiante en el momento preciso y no al cabo de los meses. De poco serviría asegurar teóricamente al estudiante la entrega de una beca durante un largo período de tiempo si luego le cuesta Dios y ayuda percibirla cuando la necesita para subvenir a sus necesidades.

La gran expansión producida en los últimos años en cuanto al número y tipos de becas escolares exige una infraestructura administrativa capaz de encaminar diligentemente la ayuda hacia economías tan precarias y al día como las de los estudiantes. La cantidad de dinero destinada a becas para el próximo curso asciende a 53.561 millones de pesetas, con un aumento del 14% respecto al año anterior, y el número de becarios llega a 622.000, con un crecimiento de 40.000. Con ser importantes para el conjunto de la enseñanza, estas cifras resultan claramente insuficientes en relación, sobre todo, al coste de la educación universitaria y a su financiación desde el punto de vista de la equidad. Es cierto que el presupuesto global de becas a estudios universitarios se ha triplicado en los últimos años, que los universitarios becados alcanzan casi la cuarta parte del total de este tipo de estudiantado y que la cuantía de las becas ha aumentado sustancialmente, pero esta política queda lejos todavía de los objetivos que teóricamente tiene asignados. Ni la cuantía -fijada en estos momentos para la beca máxima en 477.000 pesetas- alcanza con mucho a satisfacer las necesidades vitales y académicas del estudiante ni esta ayuda estatal ha llegado todavía a cuantos estudiantes pueden tener derecho a ella.

Para que la Universidad pública española pueda disponer de la financiación necesaria -lo que es imprescindible para que la calidad de sus estudios se sitúe a la altura de los tiempos- se requiere que el coste real del servicio que presta se distribuya adecuadamente entre el usuario y el contribuyente. Es decir, que además de la aportación directa del Estado, todavía lejos de la media europea, y de una política de becas adecuada en número, generosa en dotación y ágil en la tramitación administrativa, que garantice a cualquier español con talento el acceso a la Universidad, se tienda a unas tasas universitarias cercanas al coste efectivo del servicio, perfectamente asumibles por una parte importante de las familias -el 86% percibe rentas medias o altas- que hoy día envían a sus hijos a la Universidad.