Los sindicatos achacan a graves fallos de seguridad el motín de El Puerto 1

Comisiones Obreras de prisiones estudia querellarse contra la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por "dejación de funciones y negligencias ante la persistencia de graves fallos de seguridad, denunciados hace tres meses, en la prisión de El Puerto 1, que posibilitaron y agravaron el motín" finalizado ayer. Entre estos fallos figura la ausencia de intercomunicadores telefónicos entre los módulos, la avería de las cámaras de televisión y la baja dotación policial. EL PAÍS recabó ayer sin éxito la versión del Ministerio de Justicia.

El motín de un número sin determinar de reclusos en el centro penitenciario El Puerto 1, en El Puerto de Santa María (Cádiz), concluyó hacia las seis y media de la mañana de ayer con la puesta en libertad, sin daños, de los 19 funcionarios que permanecían retenidos. Los amotinados, que controlaron la prisión durante 20 horas, causaron numerosos daños en las instalaciones, y depusieron su actitud tras ser difundido, como exigían, por radio un comunicado, grabado por los propios reclusos, con sus reivindicaciones.En el comunicado, que constaba de nueve puntos, los reclusos se consideran "víctimas de un exterminio infrahumano, a quienes incluso se priva de derechos fundamentales como la comunicación con sus familiares".

Un portavoz de CC OO justificó la posible querella contra la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, cuyo titular es Antoni Asunción, en el hecho de que estos supuestos fallos de seguridad que han posibilitado este motín fueron denunciados hace tres meses a través de un informe de este sindicato entregado a un inspector de Instituciones Penitenciarias cuyo texto fue remitido también a Asunción.

Las deficiencias de esta denominada prisión de máxima seguridad las detalla así CC OO: Primero, el centro de la prisión donde está el jefe de servicios, punto neurálgico desde donde se emiten las órdenes y, en consecuencia, objetivo de todo motín, carece de intercomunicadores con cada uno de los módulos, por lo que ignora lo que en ellos sucede. No tiene puerta de seguridad y, así, "de una patada entra cualquiera". Segundo, los módulos carecen de intercomunicadores telefónicos o de botones de alarma, por lo que los funcionarios del módulo 1 no pudieron advertir a los del 2 que habían sido tomados como rehenes, lo que hizo que éstos cayeran también en poder de los amotinados.

Cócteles molotov

Tercero, el departamento de aislamiento -donde se encuentran los reclusos más peligrosos y foco del conflicto- se encuentra fuera de la vista del centro de la prisión, ya que éste se halla en la planta baja y aquél en la alta. Cuarto, "no había policía, la mitad de las garitas estaban vacías y esto impidió que, cuando cayeron los módulos 1 y 2, los agentes ocuparan los restantes módulos e impidieran su difusión". Este portavoz de CC OO se felicitaba de la profesionalidad de los funcionarios que habían impedido el acceso de los atrincherados a la cocina, donde podrían haberse aprovisionado de cuchillos. No obstante, este portavoz destacaba que los amotinados consiguieron entrar en la enfermería y llegaron a fabricar cócteles molotov, que no utilizaron.UGT, que criticó la política de concentrar a los presos más peligrosos en este centro, y CSIF avalan la existencia de numerosas deficiencias en esta prisión de máxima seguridad. La sanción probable -actualmente en estudio por la dirección del centro- para los amotinados, responsabilidades penales aparte, es de 14 días de aislamiento.

Algunos funcionarios coincidieron en señalar que los módulos III y IV del centro se encuentran "prácticamente destruidos, incluso inundados por la rotura de algunas tuberías".

Tanto el director de la cárcel, Eduardo Roca, como el gobernador civil de Cádiz, Placido Conde, rechazaron ayer las acusaciones de haber actuado tarde para impedir el motín. Según Conde, "Ia única acción posible para evitar el amotinamiento hubiera sido el empleo de la faerza".

Algunos funcionarios de la prisión mostraron su extrañeza por el amplio período de tiempo que transcurrió desde el inicio del motín, las 10 de la mañana, y la orden de entrada en el centro a la fuerza pública, que fue emitida dos horas después.