3.000 manifestantes en Llodio por el atentado contra la casa cuartel

El presidente del Parlamento vasco, Jesús Eguiguren, aseguró ayer en Llodio que la manifestación de condena por el atentado perpetrado por ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en la citada localidad alavesa supone "un paso más en el aislamiento que se está llevando a cabo" contra los partidarios de la violencia. En la manifestación silenciosa, encabezada por concejales de todos los partidos, excepto de HB, participaron alrededor de 3.000 personas que al final aplaudieron la colocación de la pancarta con el lema "Basta ya de terrorismo, paz ahora y para siempre", en el balcón del Ayuntamiento gobernado por la coalición independentista.La marcha comenzó en la plaza del pueblo, a cien metros de la casa cuartel contra la que ETA ha atentado tres veces. Tras el último atentado, realizado con 150 kilos de amonal y trilita, la zona sigue cerrada al paso.

Poco después de las ocho de la tarde la manifestación comenzó su lento discurrir por entre las calles de Llodio, en completo silencio, para acabar en el mismo punto de partida media hora después, tras la lectura de la moción aprobada por el pleno extraordinario celebrado el pasado lunes, en la que el Ayuntamiento condena el "salvaje atentado cuyas consecuencias podrían haber sido trágicas".

El presidente del Parlamento vasco declaró en Llodio que manifestaciones como la de ayer contribuyen al aislamiento de los partidarios de la violencia, aislamiento que desde su punto de vista se está produciendo en tres campos: "aislamiento político, que comenzó con el pacto de Ajuriaenea; social, con manifestaciones de este tipo, y hemos visto también el inicio del aislamiento electoral'.

Por otra parte, el Ministerio del Interior no ha adoptado aún una resolución sobre el futuro de la casa cuartel de la Guardia Civil de Llodio, informa Victorino R. de Azúa. Técnicos y expertos del departamento, según fuentes oficiales, estudiarán el estado de la cimentación y los elementos estructurales del inmueble. La decisión de proceder al derribo y a una nueva construcción puede provocar conflictos políticos y urbanísticos.