Crimen, SA

EL DESCUBRIMIENTO de que una parte importante de los 5.400 millones de pesetas obtenidos hace seis años en el atraco del siglo a la empresa de seguridad Brinks Mat Ltd., de Londres, ha sido invertida en la Costa del Sol española corrobora, si es que ello fuera necesario, la facilidad alarmante con que se mueven de un país a otro ingentes sumas de dinero fruto del crimen organizado y se invierten en negocios que gozan de todas las bendiciones legales. La información publicada hoy en EL PAÍS sobre la trayectoria seguida para el blanqueo del botín del llamado robo del siglo muestra claramente los mecanismos y las connivencias puestas en juego para el éxito de estas operaciones, así como las dificultades con que se enfrentan las autoridades para impedirlas.Desde la sociedad creada como tapadera por los ladrones en uno de los países catalogados como paraísos fiscales, en este caso Panamá, hasta la sociedad filial puesta en pie en España por testaferros bien asesorados, pasando por la utilización del banco suizo para garantizar el secreto sobre el origen de los fondos, nada falta en esta operación de lo que es el habitual modus operandi en estos casos. La utilización de instituciones financieras perfectamente legales, la tolerancia de determinados países y el asesoran-fiento jurídico de profesionales poco escrupulosos se dan la mano para que los beneficios de la delincuencia organizada se camufien eficazmente en circuitos económicos ortodoxos.

Los obstáculos legales y prácticos que dificultan la lucha contra el crimen organizado tienen una dimensión transnacional como lo demuestran casos como el del Bank of Credit and Commerce International (BCCI), con sede en Luxemburgo, acusado no hace mucho por Estados Unidos de blanquear cerca de 4.000 millones de pesetas procedentes del tráfico ¡legal de cocaína. Pero hay indicios fundados de que España se ha convertido en los últimos años en zona preferente en la actividad de este tipo de maflas. Además de unas leyes internas que permitan llegar hasta la trama económica de la delincuencia organizada -que en España brillan por su ausencia, salvo los tímidos pasos dados en el Código Penal para atajar los beneficios de la droga-, es indispensable la cooperación internacional. Entre España y el Reino Unido existe un tratado de extradición recientemente firmado que debería ser un instrumento eficaz de aplicación recíproca en la lucha contra esta peligrosa delincuencia.