Corcuera no se llama Julián

Toda situación política española resulta perennemente suceptible de empeoramiento, como si fuera preciso que las cosas que van mal demuestren que pueden acabar peor. Si alguien tiene la menor duda respecto de cuanto antecede, una muestra de realismo y no de pesimismo, bastará recordar lo que viene sucediendo en las últimas semanas con ese caso peregrino que uno, en su perplejidad, no sabe si denominar GAL o Amedo. Ya hace un par de meses parecía imposible que una cuestión como ésa se entenebreciera más, pero obedeciendo a la máxima antes citada hay que admitir que hoy todavía produce mayor sonrojo. Para que la progresión se detenga convendrá, sin ninguna ironía, sino como quien descarga un peso de conciencia, recordar dónde nos encontramos ahora y cuáles son las exigencias morales imprescindibles si verdaderamente queremos no avergonzarnos de nuestra democracia.Lo último consiste en la creciente sensación de que en España hay un solo poder, el Ejecutivo, y que éste se complace y regocija en la ignorancia sobre esta espinosa cuestión. Si el fiscal del caso cambia y la Audiencia Nacional se lava las manos por el procedimiento de llegar a la conclusión de que hay una Iaguna legal" respecto de los gastos reservados, ya se dirá en qué queda el poder judicial en nuestro país. Respecto del Legislativo, basta con echar una ojeada a la reciente intervención de Corcuera en el Congreso, ante una interpelación: en un país en que no ha habido ni siquiera una comisión de encuesta sobre el particular, todo un ministro se permite decir que los fondos reservados fueron creados por el Parlamento para que el mismo ignorara no ya su destino, sino quién entregó qué cantidades a quién cuando se ha planteado la abominable posibilidad de que haya existido una actuación delictiva. El Ejecutivo, que ha hablado por boca del ministro Corcuera, ha demostrado cuál es su actitud por el procedimiento de llamar "mentiroso" al interpelante y por el de argüir que no encontró papel alguno respecto de estos fondos. El Gobierno no sabe, no contesta, no quiere saber, y cuando se le pregunta se encoge de hombros indignado y dice, con toda la razón, que no informa más porque no.

A veces las maldades del presente provocan el recurso a la Historia, aunque la referencia a ésta resulte particularmente estremecedora. A comienzos de 1921 empezaron a correr rumores en España de que el general Martínez Anido estaba pretendiendo liquidar el terrorismo barcelonés mediante la ley de Fugas. El propio Gobierno daba la sensación de mirar a otro lado cuando se le preguntaba, y la Prensa daba por supuesto que tal "procedimiento" estaba sien-

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do utilizado. Hubo un partido, el PSOE, que el 25 de enero de ese año publicó un manifiesto con lo que era la postura lógica y moral. Decía que "hoy ese método sumarísimo, fuera de toda norma jurídica, de acabar con los hombres que son considerados como sospechosos o son objeto de delación se ha convertido en el sistema normal y continuo empleado singularmente por las autoridades de Barcelona"; ése era condenable, pero más lo sería "que no despertara un clamor general de indignación" en la opinión pública.

Intérprete de ella, un diputado del PSOE que se llamaba Julián Besteiro interpeló unos días después, el 10 de febrero, al Gobierno sobre el particular. Describió los casos de "ley de fugas", y cuando el presidente del Gobierno le recordó que también habían muerto guardias civiles, le repuso: "¿Le parece al señor Dato que es igual que una banda de terroristas contra la ley ejecute actos que pueden merecer toda la reprobación que su señoría quiera a que los agentes de la autoridad ejecuten esos mismos actos?". Besteiro debía de estar pasando por una auténtica angustia moral: desde hacía tiempo había previsto que se plantearían momentos penosos cuando hubiera que interrogarse sobre los medios de luchar contra el terrorismo. "Creo", añadió, "que esos momentos han llegado, y en perspectiva y en lejanía me. producían espanto; hoy creo que la actitud que hay que adoptar es la de hacer frente a las circunstancias, por desagradables que sean". La ausencia de claridad y de voluntad de mostrar la verdad escueta era lo más contraproducente de todo porque "podría suceder que la opinión sacara la impresión de que a la naturaleza moral y a las convicciones jurídicas y sociales del Gobierno repugnaran esos procedimientos, pero hay una fuerza oculta en la sociedad española que impone que el Gobierno, contra su creencia y contra su voluntad, los ampare".

Leídas estas palabras, que producen la misma deprimida angustia moral con que fueron pronunciadas, no cabe la menor duda de que el ministro Corcuera no se llama Julián; no ve uno cómo podría afirmar que la herencia ideal de aquel diputado de 1921 está personificada ahora en él. Si la vejez es la ausencia de curiosidad, habrá que concluir que el ministro Corcuera ha cristalizado en el pleistoceno; tan escasas son sus ganas de enterarse de lo que pasó en tiempos de su antecesor en el cargo. Pero la opción del desconocimiento puede incluso aceptarse en un hombre público; lo que es injustificable es la radical ausencia de esa vibración ética que palpitó en las palabras de Besteiro. Cuando, está soso o cuando se mira por la mañana al espejo para afeitarse, ¿no se pregunta el ministro Corcuera acerca de lo que sucedió y de su moralidad?

Yo quiero creer que en la España reciente no ha habido un Martínez Anido; lo que pido es que el Ejecutivo ayude mi voluntad de creer con argumentos lógicos y no con calificativos como "mentiroso", propinados a quienes tienen el vicio de preguntar. Quiero creer que el Ejecutivo ha actuado con absoluta corrección en todo este asunto, pero si no admitiera que ha obstaculizado el esclarecimiento de los hechos, me volvería por completo esquizofrénico. Ahora, ya que no es posible otra cosa, quisiera recordarle que, exactamente como sucedía en 1921 y bien dijo Besteiro, cualquier propósito, transparente o no, de velar la verdad no tiene otro resultado que empeorar la situación; por razones morales, pero también prácticas, urge liquidar ya este espectro que planea sobre nuestra vida pública.