Al alba

EL 20 de abril de 1963, de madrugada, el dirigente comunista Julián Grimau, condenado la víspera por un consejo de guerra, fue fusilado en las afueras de Madrid. Más de un cuarto de siglo después, el fiscal general del Estado acaba de solicitar de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo la declaración de nulidad de aquella sentencia. La solicitud se apoya en el hecho de que, en contra de lo establecido por la propia legislación franquista, en el consejo de guerra no figuraba ningún licenciado en Derecho. Un tal Manuel Fernández Martín, que actuó como vocal ponente del consejo, en cuyas actas figura como comandante jurídico del Ejército, sería condenado tres años después por usurpación de funciones. Ese sujeto, que fue procurador en las Cortes de la dictadura y dirigente del sindicato vertical, se había hecho pasar por abogado, alegando que su título fue destruido por los rojos durante la guerra. Se demostraría que en realidad sólo había cursado dos asignaturas del primer curso de la carrera. El impostor fue ponente en numerosos procesos militares celebrados durante los primeros 25 años del franquismo. Por ejemplo, también a comienzos de los sesenta, en el del estudiante anarquista Francisco Sánchez Ruano, que fue condenado a más de 25 años de prisión, y que, al igual que los familiares de Grimau, lleva años luchando por esa reparación simbólica que supondría el reconocimiento de la ilegalidad de aquellos consejos de guerra.Reparación moral, porque nada devolverá la vida a Julián Grimau ni sus años de juventud a Sánchez Ruano. Pero con el valor simbólico del reconocimiento, a un cuarto de siglo de distancia, de la naturaleza arbitraria y corrupta de aquel régimen que convirtió los tribunales militares en escenarios de un ritual de venganza. Hoy no existe la pena de muerte, y los procesados gozan de las garantías propias de un Estado de derecho. Los descerebrados que afirman que "en el fondo nada ha cambiado" -los mismos que se complacen con las ejecuciones sumarias de ETA- sufren amnesia sobre lo que fue aquel régimen terrible que incluso en su etapa madura, cuando celebraba sus primeros 25 años con la pretensión de haberse dotado de legitimidad y juridicidad, seguía condenando a sus enemigos políticos en parodias de juicios como la que sirvió para segar la vida de Julián Grimau. Hace 26 años. A los cinco meses de su detención y unas horas después de que el Consejo de Ministros diera el enterado a la condena firmada por el impostor y sus compañeros de consejo de guerra.