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Tribuna:SOBRE LAS FUSIONES AGRARIAS

Dos modelos sindicales

FERNANDO MORALEDATras dar un repaso al proceso de fusiones de organizaciones sindicales que se ha producido en el sector agrario, el autor solicita un debate público que permita percibir al agricultor, al pequeño agricultor sobre todo, quién defiende sus intereses y quién lo utiliza como pantalla para conservar sus antiguos privilegios.

A la reciente fiebre de fusiones bancarias y OPA hostiles parece que viene a sucederle la fusión de las otras OPA (organizaciones profesionales agrarias), con vistas, según parece, al Mercado Único Europeo de 1993. Así al menos lo indicaba el secretario general de la nueva fusión CNAG-Jóvenes Agricultores -y ahora también UFADE-, que asociaba los retos comunitarios al objetivo de lograr una organización sin componente ideológico, aséptica y esterilizada de idearios, para defender al agricultor español frente al de otros países más desarrollados. Este mensaje genérico de defensa del agricultor no es nuevo, sino más bien rancio. De hecho se remonta a los años treinta de nuestro siglo, cuando determinados partidos políticos de carácter marcadamente derechista intentaron crear el Partido Agrarista; no es, por tanto, de extrañar que quien recoge la savia conservadora pretenda continuar con esta tradición.Por el contrario, tanto en la historia republicana como en la transición política española siempre ha habido un componente progresista en el sindicalismo agrario que actualmente, desde nuestro punto de vista, está representado por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Como los vientos de fusión, también está de moda la magia de las grandes cifras. En esta línea -la de los grandes números- digamos que, en efecto, el sector agrícola tiene un peso importante en la estructura productiva del país, aportando el 6% de PIB y absorbiendo el 14% del empleo; añadamos, no obstante, de inmediato, que bajo las frías cifras conviven situaciones muy diferentes: las que separan a los agricultores con un nivel de renta anual de 236.000 pesetas de aquellos otros empresarios agrarios que obtienen unos ingresos netos declarados por encima de los cinco millones de pesetas.

Ello quiere decir que bajo la aparente uniformidad de la problemática agraria se esconden profundos desequilibrios, tanco económicos como sociales, entre distintos tipos de agricultores.

A este respecto resulta enormemente esclarecedor el dictamen que el Comité Económico y Social de la CE elaboró en enero de 1988, con motivo de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), en el que se señalaba que la reestructuración de la PAC debe ser concebida -tanto para el sector agrícola como para otros sectores- de manera que sea socialmente aceptable. Para ello deberá tener en cuenta la estructura esencialmente familiar de las explotaciones. En el "sino documento se reconocía asimismo que el gasto comunitario basado en su política tradicional de financiación de precios y regulación de mercados no ha beneficiado al conjunto de agricultores, sino que ha reforzado posiciones de unas rentas respecto de otras y de regiones entre sí.

Ante el peso de esta realidad, la UPA viene insistiendo en la necesidad de establecer políticas de transferencias de renta, en beneficio de las pequeñas explotaciones y de las regiones agrarias menos favorecidas.

Tanto por tradición histórica como por contraposición de modelos sindicales, es perfectamente lógico que, por su parte, la tendencia de la nueva organización fusionada, dado su carácter conservador, sea la de mantener preferentemente la política de precios y mercados, frente a esta otra opción progresista que defiende los intereses de los pequeños agricultores.

Y es que actualmente no cabe otra posibilidad que escoger entre el incremento de la política socioestructural o continuar con la política de garantía de precios y mercados. En la alternativa, las patronales agrarias siguen optando, como siempre, por un intervencionismo notable del Estado en la fijación de los precios de garantía, mientras que las organizaciones que defendemos la explotación familiar seguimos, también como siempre, más vinculadas a unas políticas sociales capaces de reequilibrar rentas y mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores.

Escasa afiliación

Pero existe otro factor a tener en cuenta, y es que actualmente sólo el 13% de la población activa agraria está afiliado a las distintas organizaciones agrarias, lo que corrobora la escasa vertebración sindical de los agricultores y su falta de información sobre las distintas alternativas.

En esta tesitura, lo que cabe esperar de la fusión de las OPA conservadoras es, en esencia, una simbiosis adaptada al juego democrático de las organizaciones verticales del franquismo que, como en el caso de la CNAG, han intentado asurmir el proceso paralelo de las organizaciones patronales, a las que pertenece la propia CNAG como una federación más dentro de la CEOE.

Otra de las organizaciones que participa en el proceso de fusión, Jóvenes Agricultores, fue fuertemente apoyada por los primeros gobiernos de la UCD, y tiene sus raíces más profundas en las organizaciones de carácter religioso, con conexiones directas con el Opus Dei. La UFADE incorpora la estructura más débil, pero en cualquier caso también vinculada a las antiguas Hermandades de Labradores y Ganaderos, actualmente Cámaras Agrarias.

Es evidente que la fusión, o más bien integración del sindicalismo agrario conservador en la CEOE, clarificará el mapa sindical en España, sin esa suplantación de papeles que se ha intentado generar en estos años; es decir, los mensajes de defensa a la explotación familiar que ha lanzado alguna de estas organizaciones no son homologables a la actitud sindical de la patronal agraria española, a la que ahora pertenecen.

La CE se encuentra empeñada en la reforma profunda de su Política Agrícola Común, pero existen enormes interrogantes sobre el futuro de los pequeños agricultores y las regiones más desfavorecidas; sería por ello muy esclarecedor que, una vez pasada la fiebre de la fusión, se estableciera un debate público que permitiera percibir al agricultor, al pequeño agricultor sobre todo, quién defiende sus intereses y quién lo utiliza como pantalla para conservar sus antiguos privilegios.

Fernando Morales es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA-UGT).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de junio de 1989