El BCA se compromete a avalar el 40% de la deuda de Ernesto Montero

El Banco de Crédito Agrícola se ha comprometido a avalar el 40% de la deuda de 1900 millones de pesetas contraída por el matadero Sucesores de Ernesto Montero, de Irún, y un tercio de los 550 millones de créditos solicitados por esta empresa a la banca, según informaron ayer fuentes de la UGT. El aval del Banco de Crédito Agrícola, unos 950 millones, se suma al de 450 millones prometido tiempo atrás por el Gobierno Vasco, y coloca, aparentemente, a Montero en situación de relanzamiento, después de un año de crisis. Los directivos de Gestiber, la actual firma propietaria del matadero, el primero homologado por la CE, y los representantes de los 12 bancos acreedores, estaban convocados a una reunión a celebrar en el tarde de ayer en el Ayuntamiento de Irún con el propósito de negociar el pago de la deuda y encontrar una salida financiera a esta empresa que cuenta con 450 trabajadores y que fue líder del sector agropecuario en España.La decisión del Banco de Crédito Agrícola, que con anterioridad negó los avales solicitados por el anterior propietario, Iñaki Aseguinolaza, son, al parecer, fruto de las gestiones llevadas a cabo por el PSOE, y singularmente por Ramón Jaúregui, secretario general del PSE-PSOE y vicepresidente del Gobierno Vasco. Ramón Jaúregui anunció hace unas semanas a los trabajadores de Montero la posibilidad de encontrar una solución financiera, siempre que aceptaran la reestructuración de plantilla propuesta por Gestiber. La crisis se desencadenó hace una año, poco después de que el propietario original del matadero, Ernesto Montero, cediera la empresa por 100 millones de pesetas a un grupo encabezado por Iñaki Aseguinolaza, un empresario medio que ha alcanzado cierta notoriedad como mediador en secuestros de ETA, incluido el de Emiliano Revilla. Fuentes sindicales aseguran que Iñaki Aseguinolaza entró en la operación por sugerencias de su concuñado, Alfonso Segade, secretario de alimentación de UGT de Guipúzcoa, y que regaló un 23% de las acciones a una persona vinculada al PSOE, el abogado Fernando González Toval, con el compromiso más o menos explícito de dirigentes del PSOE de que gestionarían exitosamente un crédito de 1500 millones de pesetas del Banco de Crédito Agrícola, que se consideraba imprescindible para hacer frente a los pagos de la créditos y la refinaciación.

El crédito no llegó y el diputado del PSE-PSOE, Angel García Ronda, que había entrado también a formar parte del consejo de administración fue acusado de haber incumplido el supuesto trato. Ángel García Ronda y Fernando González Toval, dimitieron del consejo de administración poco después, justamente cuando se empezaban a producir las primeras movilizaciones de los trabajadores y la empresa, que contaba con un patrimonio valorado en 3.500 millones de pesetas y un volumen anual de negocios de 12.000, se hundía cada más, agarrotada por la falta de liquidez.

Aseguinolaza cedió la propiedad de la empresa, a peseta la acción, al grupo Gestiber, que está encabezado por Jorge Larrumbide, una persona que no oculta sus simpatías políticas socialistas. En estos meses el matadero ha estado prácticamente paralizado.