Pedrol Rius debe continuar

El pasado día 6, el Colegio de Abogados de Barcelona celebró una junta general en cuyo orden del día nada figuraba sobre peticiones de dimisión del Consejo General de la Abogacía. Quizá ello explique que, de un colegio con 10.000 afiliados, sólo concurrieran a la junta unos 300, y es significativo que más de la mitad de esos 300 abandonaran la junta a la hora de votar. En tales condiciones nada tiene de sorprendente que de los 131 colegiados que permanecieron, entre los que figuraban componentes de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, el Grupo de Letrados Progresistas y el Grupo de Abogados Jóvenes, votaran en familia las peticiones de dimisión del señor Pedrol y de los restantes miembros del Consejo General de la Abogacía, reiterando las que habían formulado en el congreso de Palma de Mallorca, aunque allí las defendieran más con gritos que con palabras.Veo ahora en un artículo publicado en EL PAÍS del día 14 que los dirigentes de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas convierten la opinión de tan reducido cónclave: nada menos que en un "clamor de los abogados barceloneses contra Pedrol".

Aunque formalmente hay un acuerdo de aquella junta general con unas pretensiones de dimisión, la regla democrática señalaba que tales pretensiones fueran sometidas al órgano supremo de la abogacía, que: no es otro que la Asamblea de Decanos de los Colegios de Abogados de España, cuya procedencia democrática y representatividad nadie puede discutir en serio. Esta asamblea es la que ha elegido los miembros del Consejo General y la que podría haberles retirado la confianza que les otorgó a través del proceso electoral. Pues bien, la Asamblea de Decanos se reunió el día 10, examinó la cuestión y por 65 votos a favor y 2 en contra aprobó una moción de confianza al señor Pedrol y a los miembros del Consejo General. Después de esta rotunda decisión, adoptada por quien le correspondía, la legitimidad de la permanencia de los miembros del Consejo General en su cargo constituye cosa juzgada si aplicamos los principios democráticos más elementales.

Vemos, sin embargo, que quien ostenta en su denominación de grupo el honorable título de demócratas le guardan muy pocos respetos a la democracia y, despreciando el acuerdo de la Asamblea de Decanos, vuelven a insistir, como si no hubiera pasado nada, en sus pretensiones de dimisión. Estamos, evidentemente, ante una maniobra de acoso y derribo a quien, como el señor Pedrol Rius, viene entregando desde hace 17 años sus mejores esfuerzos, su indiscutible inteligencia y su eficacia al servicio de la abogacía. Maniobra que, por cierto, fue anunciada ya en los medios de comunicación antes del congreso de Palma.

Asombrados e indignados

Los millares y millares de abogados de este país nos estamos preguntando, entre asombrados e indignados, ¿con qué título unos grupos indiscutiblemente minoritarios pretenden imponer sus criterios a la mayoría de los 70.000 abogados españoles y descabezar nuestra organización corporativa?

A la hora de las acusaciones contra el señor Pedrol Rius se pone de manifiesto su falta de contenido. Y así se dice en el artículo que comento que el turno de oficio se paga poco. Pero,¿quién es el que paga poco?, pues sencillamente los poderes del Estado, que son quienes deciden la cuantía de aquella remuneración. ¿Por qué entonces los firmantes del artículo eluden sospechosamente la crítica a quienes tienen la decisión en el asunto y pretenden echarla sobra el señor Pedrol Rius, que no es más que el peticionario que año tras año viene reclamando un aumento que no llega en las proporciones debidas?

Naturalmente, los órganos dirigentes de la abogacía están ya trabajando para proponer a quien le corresponde aprobarlas las oportunas reformas de nuestra organización colegial, entre las cuales es de prever una presencia institucional de representantes de las comunidades autónomas en el Consejo General. Y constituye otro síntoma de la maniobra que vengo denunciando el hecho de que se pretenda presentar esta futura reforma como la obra de unos grupos renovadores, demócratas, progresistas y que el oponente sea precisamente el señor Pedrol Rius, a quien se le niega el pan y la sal.

El firmante del presente artículo es un abogado de filas, no posee uno de esos grandes bufetes, no está vinculado a ninguno de ellos, carece de cualquier afiliación partidista y reconoce, como la mayoría de los compañeros, que uno de los grandes méritos del señor Pedrol Rius -cuya larga gestión es lógico que pueda presentar inevitablemente algún error, como toda obra humana- es la de haber defendido siempre a la abogacía española contra cualquier servidumbre proveniente del mundo de la política y haber sido independiente, cuando tantos han dejado de serlo.

Y para terminar, no recuerdo que ninguno de los firmantes del artículo al que ahora respondo hiciera oír su voz cuando el señor Pedrol se alzó con toda decisión contra el llamado borrador de la ley de Colegios Profesionales, que pretendía convertir a los Colegios de Abogados en meras dependencias de la Administración. Ahí sí que había que invocar la libertad y la democracia. Y los actuales firmantes del escrito permanecieron sistemáticamente mudos. Como mudos siguieron cuando el señor Pedrol se enfrentó con un proyecto de ley que pretendía convertir a los abogados en confidentes al fisco y traidores de la confianza recibida de sus clientes.