La acción popular del 'caso Amedo' pide la dimisión del ministro de Justicia

María Gascón y Jorge del Cura, en nombre de los 104 querellantes que ejercen la acción popular por las supuestas implicaciones policiales e institucionales en las actividades de los GAL pidieron ayer la dimisión del ministro de Justicia, Enrique Múgica, por su declaración a este periódico en la que presenta el caso Amedo como "un ejemplo de colaboración" entre Interior y el poder judicial (veáse EL PAÍS del domingo último). Los querellantes acusan a Múgica de tener "una concepción policial de la justicia" y estiman que la colaboración sólo podría referirse, dicen, "a la actitud mantenida por el Ministerio Fiscal".

La acción popular recuerda las sucesivas negativas del Ministerio del Interior a facilitar los datos judicialmente solicitados sobre sus fondos reservados o sobre las cantidades entregadas al policía José Amedo, acusado de implicación en varios asesinatos frustrados.

En cambio, resalta la negativa del anterior fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, a investigar las implicaciones policiales en los GAL, así como las manifestaciones del actual, Javier Moscoso, la pasividad inicial de Ignacio Gordillo y la conformidad del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eladio Escusol, con la falta de respuesta del Ministerio del Interior.