La tragedia aérea de Ustica renace de sus confusas cenizas
, El misterio del caso Ustica, el DC-9 de la línea aérea italiana Itavia que el 27 de junio de 1980 se hundió en el mar junto a la isla de Ustica sin dejar supervivientes y sin que se conozca aun la verdadera causa de la tragedia a pesar de las investigaciones realizadas por la Magistratura y el Gobierno, ha vuelto a levantar la cabeza. Los jueces acaban de lanzar una acusación por sospecha de delito contra 23 militares por supuesto falso testimonio y destrucción de documentos.
La grave decisión del fiscal Giorgio Santacroce, el primer magistrado que indagó sobre el caso, de pedir al juez Vittorio Buecarelli que investigue a todos los oficiales y suboficiales que la tarde de la tragedia estaban de servicio ha sido interpretada como una polémica respuesta al reciente dictamen de la comisión de siete sabios creada por el dimisionario presidente del Gobierno, Ciriaco de Mita. Según estos investigadores, tres de ellos militares, el DC-9 no fue alcanzado por un misil, como afirmaron los seis peritos nombrados por la Magistratura, sino que cayó al mar tras la explosión de una bomba. La comisión gubernamental ha concluido que la aeronáutica militar italiana ha cumplido con su deber y colaborado debidamente con la justicia.
La reacción de la Magistratura, que algunos ven como una venganza, revela que los jueces están absolutamente decididos a no poner en tela de juicio que fue un misil lanzado por un caza italiano el que derribó el avión. En este caso, el Estado tendría que pagar las indemnizaciones a los familiares de los 81 ocupantes fallecidos. El propio ministro socialista del Tesoro, Giuliano Amato, levantó una gran polémica al declarar meses atrás a la RAI, empeñada en defender la postura de la Magistratura, que comulgaba con la tesis del misil.
Los jueces han lanzado sus dardos también contra el comandante que supuestamente ordenó destruir la transcripción de los datos de radar registrados en las bases de Licola y Marsala. En vez de la transcripción, misteriosamente desaparecida, el militar envió cinco folios, escritos a máquina el 22 de julio de 1980, a la autoridad judicial romana con datos de escaso relieve. El fiscal Santacroce apunta también la sospecha de que hayan podido ser manipuladas las cintas grabadas ese día en todos los radar.
La decisión judicial contra los 23 militares es aún más llamativa si se tiene presente que días atrás el ministro de Defensa, el liberal Valerio Zanone, amenazó con llevar ante los tribunales a aquellos que pongan en duda la actitud correcta de la aeronáutica militar italiana en este caso.
