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Cinco ayuntamientos quieren eliminar las 2.000 viviendas ilegales construidas en la cañada Galiana

Jorge A. Rodríguez

Hace ya muchos años que la cañada real Galiana no la atraviesan las ovejas, ni churras ni merinas. La antigua vía pecuaria ha sido invadida, en un tramo de unos 15 kilómetros, por unos 2.000 parcelistas ilegales. Los ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Coslada y Getafe y los vecinos de la cañada polemizan sobre cómo acabar con esta situación. Para los municipios, la solución ideal es crear un parque natural lineal. Por contra, los vecinos de la cañada reclaman la legalización de sus viviendas, como ocurre en la calle de Alcalá, también antigua cañada.

La cañada real Galiana nace en la llamada cuesta Galiana, en el puerto de Piqueras, y termina en Extremadura. Prácticamente, todo su recorrido sufre algún tipo de invasión. Pero son los 15 kilómetros que atraviesan los cinco términos municipales madrileños citados los que están en peor situación. De hecho, los 75 metros de anchura original han quedado reducidos a tres.Chabolas, viviendas, huertos de ocio, perreras, graveras, bares, naves industriales e incluso una iglesia, la de Santo Domingo de la Calzada. Todo un abanico de construcciones y usos en las más de 2.000 parcelas ¡legales M recorrido. Hay hasta pequeños chalés de fin de semana y personas que llevan más de 40 años viviendo en ellas. "Por eso no podemos meter una máquina y acabar con todo. Hay que dialogar con los ocupantes y buscar la mejor solución", afirma Pablo Font, concejal de Urbanismo de Rivas-Vaciamadrid.

La cañada pasa por el madrileño distrito de Vicálvaro, Rivas, Coslada, San Fernando y Getafe. Estos municipios ya han celebrado varias reuniones para tratar el asunto. En 1986 coincidieron en que la mejor solución sería recuperar la cañada para uso público y convertirla en un parque lineal, pero eso no es tan fácil.

Para construir el parque sería necesario tirar las construcciones ¡legales. Esta medida crearía un problema de orden público, como ya reconoció en 1982 el Gobierno Civil de Madrid. Los vecinos también tienen la palabra. Están perfectamente organizados en varias asociaciones, como la Asociación Cañada Real Galiana o la de La Merina. Lo que piden es simple: que se legalice la actual situación de ilegalidad y se les deje en paz en sus parcelas. que tantos años llevan ocupando. Incluso han intentado pagar la contribución urbana y han solicitado la electrificación por la vía legal de sus construcciones.

La vigente ley sobre cañadas es tajante: las vías pecuarias son bienes de dominio público que "no son susceptibles de prescripción ni de enajenación, ni podrá alegarse para su apropiación el tiempo que hayan sido ocupados, ni legitimarse las usurpaciones de que hayan sido objeto". La barrera legal es clara. No obstante, en Coslada, la cañada se confunde con el casco urbano, hasta el punto de que existe servicio de recogida de basuras y se ha construido un bloque de viviendas. Incluso hay una edificación atravesada en mitad del camino.

Así las cosas, la pelota no está ni en el campo de los vecinos ni en el de los ayuntamientos. Actualmente, es el Gobierno regional, a través de la consejería de Agricultura, el que tiene la responsabilidad del asunto. La consejería de Agricultura es la encargada de dar una salida a este asunto. Y ya se ha hecho algo. Decenas de parcelistas han sido multados por ocupar ilegalmente tramos de la calzada. Pero a los ocupantes que se van los sustituyen otros rápidamente. Icona ya intentó hacer algo en 1982: levantó 238 expedientes de sanción. Unos se fueron, otros vineron.

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Sobre la firma

Jorge A. Rodríguez
Redactor jefe digital en España y profesor de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Debutó en el Diario Sur de Málaga, siguió en RNE, pasó a la agencia OTR Press (Grupo Z) y llegó a EL PAÍS. Ha cubierto íntegros casos como el 11-M, el final de ETA, Arny, el naufragio del 'Prestige', los disturbios del Ejido... y muchos crímenes (jorgear@elpais.es)

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