Un anuncio precipitado

EL ANUNCIO oficial de que la peseta formará parte del Sistema Monetario Europeo (SME) antes del 1 de julio de 1990 constituye una decisión precipitada, cuyas consecuencias serán duraderas y profundas para la economía española. Se trata de un asunto de gran importancia, ya que, a partir de la entrada de la peseta en el SME, las autoridades deberán vigilar constantemente su tipo de cambio para que no se salga de la banda de fluctuación que le haya sido acordada, y que -todo parece indicarlo- será del 6% a partir de la paridad central definida en el momento de la adhesión. Ello implica un manejo riguroso de los instrumentos de regulación coyuntural de la economía, con un papel preponderante de los tipos de interés.En la declaración oficial, realizada ante un grupo de banqueros extranjeros, no se ha entrado en el análisis de las ventajas y de los inconvenientes de la adhesión; simplemente se ha declarado que los beneficios a largo plazo superaban a los inconvenientes a corto. La envergadura de la decisión habría requerido más explicaciones, como también las suscita la afirmación según la cual la paridad central que se defina no será muy diferente de la actual. Salvo jugar con las palabras, ello significa que las autoridades estiman que el tipo de cambio actual de la peseta es, en líneas generales, el adecuado para nuestra economía, afirmación harto discutible que no parece guardar relación con el creciente desequilibrio de las cuentas con el exterior, amortiguado provisionalmente por las entradas de capital a corto plazo inducidas por los altos tipos de interés que prevalecen en nuestra economía.

Insuficientemente explicada, la decisión de entrar en el SME antes del 1 de julio de 1990 plantea una serie de interrogantes a los que habrá que dar alguna respuesta en los días o semanas que vienen. El principal argumento para que la peseta entre en el SME consiste en la disciplina que el mecanismo de cambios impone a los países que participan en él. Pero en ello radica también uno de sus principales inconvenientes, ya que al pivotar de hecho el sistema sobre el marco alemán, los demás países deben alinear sus políticas económicas sobre la alemana, que ha primado y prima la estabilidad sobre el crecimiento. En las escasas palabras de justificación de la decisión, las autoridades han insistido en que la consolidación de la unión monetaria exige un flujo acrecentado de recursos financieros de los países ricos de la Comunidad hacia los más pobres, pero de momento no existe compromiso alguno en este sentido, salvo el general, e insuficiente desde esta perspectiva, de doblar los fondos de ayuda regional de la CE.

Los inconvenientes a corto plazo son mucho más evidentes y aparecen con claridad cuando se considera la sobrevaloración de la peseta (su cotización frente al marco alemán era, en abril pasado, la misma que en 1985 a pesar de las diferencias en la tasa de inflación de los dos países) y la fuerte presión de la demanda interior: ambos factores han incidido en el rápido deterioro del déficit por cuenta corriente, que podría no quedar muy lejos, este año, de los 10.000 millones de dólares. A todo lo cual hay que añadir los efectos del desmantelamiento de la protección aduanera.

En estas circunstancias, es decir, con un déficit exterior que supera el 2% del producto interior bruto (PIB), con una peseta sobrevalorada por razones de política monetaria y con un desarme arancelario en marcha, el momento elegido para la entrada en el SME no parece el más oportuno. Lo lógico habría sido esperar a tener una situación más equilibrada, tanto desde el punto de vista interno como externo, y a haber terminado la reducción arancelaria.

Si, como parecen indicar las declaraciones oficiales, la paridad actual de la peseta es aproximadamente la que conviene, y si, como avisan las estadísticas de la balanza de pagos, el desequilibrio exterior se hace cada vez más intenso, la consecuencia ineludible será que el peso del ajuste exterior recaerá esencialmente en la contención de la demanda interna, es decir, en el consumo privado y la inversión, sin que el incremento de las exportaciones se vea apoyado por la ganancia de competitividad derivada de una paridad de la peseta más acorde con las realidades de fondo de la economía española. El precio que habrá de pagar por todo ello va a ser probablemente muy elevado y la cuestión que puede plantearse es la de si era o no inevitable pagarlo.