Rosario, paisaje después de la batalla

, Seis muertos en el Gran Rosario, otros dos en Villa Gobernador Gálvez -la tercera ciudad en importancia de la provincia de Santa Fe, incluida en el departamento Rosario-, unos 110 heridos, 60 de ellos por impactos de bala, más de 1.200 personas detenidas hasta que sean identificadas y 13 activistas acusados de "incitación a la violencia", que están a disposición del poder ejecutivo de la provincia, es el balance provisional que facilitan los funcionarios públicos casi cuatro días después de que se iniciara el estallido social en Argentina.

Víctór Reviglio, el gobernador de Santa Fe, aprobó la aplicación de la ley de Defensa Civil para la "zona de desastre" y advirtió a la población, en un mensaje transmitido el martes por la noche (madrugada de ayer, en España) a toda la provincia, que las fuerzas de seguridad tenían orden de "contestar a las agresiones y reprimir". Los comerciantes estiman que unas 30.000 personas han saqueado alimentos suficientes para un millón durante una semana. Ayer no se conseguía pan, leche y otros alimentos básicos.La escasez provocó reacciones histéricas, peleas, desmayos y una ola de versiones sobre nuevos ataques indiscriminados que los jefes de la policía y de la gendarmería no confirmaron.

Las consecuencias de las nuevas órdenes impartidas a la policía podían comprobarse en el Hospital de Emergencias. En menos de 12 horas, ingresaron 30 heridos de bala. Entre ellos también un muchacho de 23 años, Benito Berón, que llegó muerto luego de que le aplastara el camión que intentó asaltar, junto con otros vecinos, en una de las rutas de ingreso de la ciudad. Los proveedores de bían detenerse ante las improvisadas barricadas y barreras humanas, pero uno de ellos aceleró y Benito Berón no logró apartarse a tiempo.

El desabastecimiento de productos, sumado al temor de los comerciantes que aún no se atreven a reabrir sus comercios, estimula el estado de desesperación de la mayoría. El plan de distribución gratuita de alimentos que aprobó el Gobierno provincial aún no se aplica en Rosario porque la cadena de distribución está cortada. Los pocos camiones que llegaron al martes fueron asaltados en el camino. En dos días desaparecieron 100.000 litros de leche y 25.000 kilos de carne de los depósitos. El municipio no tiene reservas de alimentos ni para atender siquiera a los 1.500 gendarmes que reforzaron a la policía federal y provincial. Tampoco hay comida para los detenidos. Las mujeres y los menores de edad han sido liberados antes de que se les pudiera tomar declaración. En los hospitales se agotó hasta la anestesia.

Civiles armados

El martes por la noche, después de iniciado el toque de queda a las seis de la tarde (hora local), el centro de la ciudad de Rosario se vació, pero en los barrios circulaban grupos de civiles armados. A su vez, los comerciantes y los habitantes de barrios residenciales se quejan de que nadie les defiende y montan guardia en las terrazas y balcones con escopetas y bombas de fabricación casera. Ningún funcionario puede explicar de donde salen tantas armas que están en manos de civiles. Los grupos especiales de la policía, compuestos por agentes de los servicios de inteligencia, actúan como en otros tiempos: abordan sus coches Ford, modelo Falcon, de triste recuerdo en la época de los desaparecidos, ocultan con pintura negra la matrícula y salen a la caza de subversivos.

El gobernador Reviglio y el ministro de Gobierno de Santa Fe, Alberto Didier, continúan acusando a los "elementos ultraizquierdistas" y ofrecen como prueba a siete de los 13 detenidos que están "a disposición". Según Didier, dos de ellos tenían equipos de radio con los que interferían las comunicaciones de la policía y otros dos son acusados por "incitación a la violencia", "atentados", y "robo". Pero sólo tres tenían militancia en partidos de izquierda. El comisario general Benito González, jefe de la Regional 2ª de Rosario, denunció ayer una "maniobra de los activistas que se pasaron toda la noche llamando por teléfono a un lado y a otro para avisar que los barrios iban a ser atacados por bandas de civiles arrnados".

Un oficial de gendarmería dijo que se había encontrado con un grupo de vecinos de villas miseria (barriadas pobres) que salieron en busca de quienes les amenazaban con "matarlos a todos". Los padres dejaron a sus hijos en una parroquia de la zona y las mujeres se reunieron en la comisaría. Los vecinos denunciaron también a los grupos de "cuatro o cinco" civiles armados que disparaban al aire desde sus vehículos.

Bajo control .

Ayer por la tarde la situación parecía estar bajo control de las fuerzas de seguridad. Los comercios atendían sin levantar sus cortinas metálicas. En el centro de la ciudad, las tiendas taparon sus escaparates con cartones para ocultarlos a la vista desde el exterior y recibían sólo a un cliente por vez. Le abrían la puerta y cerraba inmediatamente detrás suyo.

Los porteros de los hoteles sólo franqueaban el paso a los pasajeros alojados en esos establecimientos; el resto debía ser autorizado desde la conserjería. La sensación era de tregua. De pausa para almorzar. Como si, al fin, unos 200.000 hambrientos pudieran sentarse a comer tranquilos. El resto, casi un millón de personas que viven en la ciudad, trata de calmar sus nervios y se conforma, de momento, con las sobras.