El profesor De la Villa aconseja convertir la ITP de Telefónica en un fondo de pensiones

Un informe encargado por los sindicatos de Teléfonica a la consultora Dictamen y Asesoría aconseja la disolución de la institución de previsión de la compañía (ITP), la integración de los trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social y la constitución de un fondo de pensiones. Las conclusiones de este informe deben servir para la negociación que -quieren iniciar la dirección y las centrales sobre la ITP una vez que se desbloquee el convenio.

El informe ha sido pedido por las centrales mayoritarias de la compañía, Comisiones Obreras y UGT, a la consultora que dirige el catedrático Luis Enrique de la Villa. En el mismo se aconseja la negociación para buscar una salida y descarta la formación de una mutualidad por considerarla no rentable con el actual tratamiento fiscal.Tanto la dirección de la empresa como los sindicatos quieren resolver esta cuestión antes de que finalice el año y esperan hacerlo una vez se resuelva la negociación del convenio colectivo, ahora bloqueado por discrepancias en el aumento salarial.

Aunque en el estudio no se citan esas cifras, el coste de la integración de los 8.000 trabajadores pasivos en el régimen general de la Seguridad Social se calcula en 60.000 millones de pesetas y la capitalización para los 65.000 trabajadores activos entre 70.000 y 80.000 millones de pesetas.

La consultora se limita a analizar las distintas fórmulas jurídicas para todo el proceso y deja a la responsabilidad de los órganos de la ITP el constituirse como entidad gestora de fondos de pensiones acogida a la ley de Fondos de Pensiones y que recurra la denegación de su inscripción en el registro administrativo en el caso de que ésta se produzca.

Sobre la cuestión suscitada acerca de si activos y pasivos pueden pertenecer a un mismo plan de pensiones, el dictamen se inclina por una diferenciación, que se den soluciones distintas para los dos colectivos y recomienda la constitución de planes diversos.

Como hipótesis, el informe dice que la aportación de la compañía al plan de pensiones podría detraerse de la que se canaliza hacia la acción complementaria de la ITP.

Uno de los aspectos que ofrece más dudas es si para los pasivos cabe la posibilidad legal de mantener el derecho a la jubilación anticipada a los 60 años, sin coeficientes reductores, aunque no se haya cotizado a la Seguridad Social con anterioridad al 1 de enero de 1967. Como cuestión previa aclara que la organización de un plan de pensiones no puede producir alteración alguna en el régimen de pensiones básicas.

El dictamen asegura que si no se produce la integración de la acción sustitutoria de la IPT en el sistema de Seguridad Social es aplicable la jubilación anticipada en los términos actuales. Pero sí son aplicables los coeficientes reductores en el caso de que se realíce dicha integración.

De las diversas fórmulas estudiadas para la disolución de la ITP se aconseja la sobrevenida como consecuencia de la entrada en el régimen general de la Seguridad Social, además de una disolución decidida por sus propios órganos y no impuesta de oficio por la Administración Pública. El procedimiento debe ser el mismo con independencia de que el colectivo de pasivos haya quedado integrado en la Seguridad Social o se haya optado por un período transitorio para esos trabajadores.

Ya en 1986 la dirección de la empresa y los sindicatos UGT, ELA-STV y Sindicato Independiente de Empleados de Telefónica (SIET) firmaron un acuerdo sobre la institución de previsión, rechazado en referéndum por los trabajadores, que consistía en integrar la parte sustitutoria de la ITP en el régimen general de la Seguridad Social, con un coste calculado de 120.000 millones de pesetas para los trabajadores activos y de 37.500 millones para los pasivos, importes ambos que hubiesen estado a cargo de la compañía. Asimismo pactaron extinguir la personalidad jurídica de la ITP y crear una mutualidad de previsión social, dotada con un fondo inicial de 30.481 millones de pesetas. Unos meses después CC OO introdujo algunas modificaciones pero tampoco logró el apoyo de los trabajadores.