Borrell no consiguió ayer el respaldo de los subsecretarios a su proyecto de nuevo IRPF

CONCHA MARTÍN, El nuevo real decreto-ley que regulará los impuestos de la renta y el patrimonio está dando tantos problemas como cabía prever. Ayer, la comisión de subsecretarios no fue capaz de avanzar en la discusión de los aspectos más polémicos de la nueva norma. En especial no se adoptaron decisiones sobre el peor trato que recibirán las rentas del trabajo frente a las del capital ni sobre el régimen transitorio. El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, ofreció a los subsecretarios una estimación del coste recaudatorio del borrador del decreto -194.000 millones de pesetas-, pero no consiguió un respaldo al borrador presentado la pasada semana.

El calendario más optimista preveía para el próximo viernes día 26 la aprobación del real decreto-ley por el que se dictan las normas de adaptación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del patrimonio para los ejercicios 1988 y 1989. Después, esta fecha se trasladó al 2 de junio y ahora se habla del 9 de junio.

La preocupación por el tiempo, que se echa encima, ha llegado hasta el ministro de Economía, Carlos Solchaga, que ha dado un toque a los responsables de la política fiscal para que "como sea" el real decreto-ley esté aprobado el próximo 9 de junio, según aseguran fuentes de Hacienda.

La coincidencia de esta fecha con la semana antes de las elecciones al Parlamento Europeo, se considera determinante para la aprobación de la nueva norma. De no cumplirse este nuevo plazo, habría que esperar otros 15 días, ya que el viernes siguiente -el 16 de junio- coincide con el día des pués de las elecciones europeas.

La comisión de subsecretarios, que preside el vicepresi dente del Gobierno, Alfonso Guerra, no contempla la cele bración de los comicios eu ropeos como un factor que deba influir en la fecha de apro bación del conflictivo real de creto-ley. Fuentes de esta comisión señalan que el problema es que la nueva norma encierra una gran dificultad técnica y ello es lo que ha bloqueado las discusiones.

Hacienda mantuvo hasta la fecha de ayer, aunque con ligeros retoques, el texto que presentó a los subsecretarios el pasado 17 de mayo (veasé EL PAÍS del pasado 18 de mayo). Pero la línea argumental es la misma: que el nuevo impuesto sea coherente con la sentencia del Constitucional; que su coste sea asumible, y que no suponga un agravio comparativo para los contribuyentes que han cumplido con Hacienda.

Cambios de matiz

Según Hacienda, la única manera de conjugar todos estos aspectos es seguir las líneas maestras de un borrador que sólo admite matizaciones. Sin embargo, los subsecretarios plantearon a José Borrell sus dudas sobre un impuesto que favorecerá a los más ricos y que puede inducir al desánimo a quienes han cumplido religiosamente.

Una alternativa que se puso ayer sobre la mesa es la posibilidad de implantar en España un sistema que consista en sumar las rentas de la familia para dividirlas por dos y luego multiplicar otra vez por dos la cuota resultante. De esta forma, las familias en las que sólo obtiene ingresos del trabajo uno de los miembros -la situación más común en España saldrían mejor paradas que con la propuesta de Hacienda.

El borrador de Hacienda sólo permite adjudicar las rentas a quien las obtenga, cualquiera que sea su procedencia, a efectos del IRPF, mientras que para la declaración del patrimonio permite distribuirlas según el régimen económico matrimonial. Si es de gananciales, se parten por mitades, y si es de separación de bienes, a cada uno de las suyas.

El problema de poner en marcha un sistema distinto a éste es su elevado coste recaudatorio, estimado por Hacienda en algo más de medio billón de pesetas. El borrador supone ya por sí solo un coste de 194.000 millones de Hacienda, aproximadamente un 25% de los ingresos previstos para este año, según la estimación oficial.

Otro problema que ha hecho encallar las discusiones entre los subsecretarios es el del régimen transitorio. El borrador habla de una "regularización" de los contribuyentes que no han presentado declaración de renta o patrimonio desde el año 1983. Bajo este eufemismo fuentes consultadas se temen que lo que se esconde es una amnistía fiscal encubierta. Este aspecto podría desanimar a los contribuyentes que pagaron en su momento.

Otro aspecto que se considera problemático desde el punto de vista de su legalidad es que, según el borrador, las liquidaciones que se hayan practicado con anterioridad al ejercicio 1987 se considerarán como mínimas. De esta forma, no habría derecho a devoluciones aunque, realizando la declaración separada, resulte favorable a los contribuyentes.

Lo que se pretende evitar que un buen número de unidades familiares con dos rentas soliciten una revisión de sus declaraciones de ejercicios no prescritos en base que se les olvidó, por ejemplo, incluir algún ingreso. Como el nuevo impuesto separa las rentas, resultarían favorecidos.

Por otra parte, el portavoz del grupo parlamentario de Minoría Catalana, Miguel Roca, presentó ayer una interpelación urgente al Gobierno para que comparezca ante el Congreso para explicar "los criterios y procedimientos que se van a aplicar para resolver la problemática fiscal generada en la norma que regula el IRPF, así como sus actuaciones inmediatas en política fiscal".