Demonios familiares

EL CÓDIGO Penal español, formado en gran medida por un aluvión de sucesivas y a veces contradictorias reformas parciales en los 50 últimos años, se caracteriza, en algunos de sus preceptos, por el desequilibrio de sus respuestas punitivas y por el desfase respecto de las nuevas realidades sociales. Ejemplo de uno y otro supuesto es la persistencia del rancio artículo que castiga hasta lo esperpéntico los actos de agresión a un ministro y de aquellos otros que, por el contrario, minimizan hasta su práctica inexistencia la entidad delictiva de las acciones violentas que se perpetran en el marco familiar. Mientras no se afronte globalmente el arduo desafío que supone la elaboración de un nuevo Código Penal es inevitable que se someta a este texto fundamental a un continuo tratamiento de despiece y parcheo. Es lo que está ocurriendo en los últimos años, a veces para bien, pero otras no tanto.Ahora la comisión del Senado que ha elaborado el informe sobre los malos tratos en el seno de la familia -de los que son víctimas indefensas sobre todo mujeres y niños- ha propuesto, entre otras medidas, que el parentesco sea considerado como agravante en los actos de violencia en el marco familiar. Esta circunstancia ya es contemplada en el Código Penal, según los casos, como agravante o atenuante, e incluso como excusa absolutoria, en algunos de los delitos protagonizados por personas unidas por lazos familiares o de afectividad. Su consideración legal como agravante en los maltratos de palabra o de obra entre miembros de la familia serviría, al menos, para compensar la tendencia de los agentes de la autoridad, e incluso de los jueces, a valorar el vínculo familiar como atenuante de hecho en este tipo de acciones. Debería ser éste el primer paso para una reforma en profundidad de la actual tipificación de los delitos familiares. El autoritarismo trasnochado que la caracteriza es la negación manifiesta del principio de igualdad ante la ley, el cual exige, al menos, que los miembros más débiles de la familia no estén discriminados respecto del grado de protección del que se benefician los más fuertes.