Poner orden
EL PARLAMENTO debatirá por segunda vez en esta década una ley del deporte. En 1980, el Gobierno de Unión de Centro Democrático consensuó un marco legal cuyo objetivo era, de un lado, estimular la práctica del deporte por parte de los ciudadanos, y de otro, poner orden en el anárquico mundo de las federaciones deportivas, sujetas durante el franquismo a los designios de la Secretaría General del Movimiento. Aquella ley pretendió dar a las federaciones un marco de actuación democrático, desvinculándolas de la intervención de los poderes políticos. A los pocos años de su entrada en vigor, la ley demostró contar con muchas lagunas: por un lado, había olvidado entrar a regular el deporte profesional; por otro, la autonomización de las federaciones no garantizaba por sí misma un funcionamiento interno democrático.La nueva ley amplía sobremanera el campo de actuación de su antecesora. Trata de poner coto a la actuación de los presidentes federativos, pero también a la de quienes dirigen los clubes profesionales, cuya repercusión pública es mucho mayor y a quienes se considera, en su conjunto, culpables de una deuda multimillonaria que tardará en sanearse otra década. La nueva ley está influida también por la trascendencia pública que ha alcanzado el deporte espectáculo y el de alto rendimiento, en un momento en el que las televisiones ofrecen cientos de horas mensuales de retransmisiones deportivas, sucesos como los de Sheffield adquieren resonancia mundial y España se prepara para organizar unos Juegos Olímpicos. La nueva ley busca un nuevo orden -los profesionales, por un lado, y los aficionados, por otro- y señala quiénes son los responsables de cada parcela.
Pero su principal característica es la apuesta que realiza en favor de la conversión de los clubes de deporte profesional en sociedades anónimas. Ello afecta fundamentalmente al mundo del fútbol, un deporte en el que la impericia, falta de escrúpulos o frivolidad de quienes estaban al frente de los clubes ha genera~ do deudas multimillonarias, con el agravante de que esos dirigentes no eran jurídicamente responsables ante nadie. Con la nueva ley, cada club será ofrecido en propiedad a sus socios, que habrán de suscribir las acciones necesarias para desembolsar un capital mínimo. Los socios tendrán dos oportunidades para ser dueños del club, y si no se suscriben todas las acciones, las sobrantes podrán ser ofrecidas al público. Este sistema intenta evitar que los actuales administradores puedan jugar con ventaja y amañar la posibilidad de convertirse en propietarios del club que actualmente presiden. Otra novedad es la de obligar a los futuros administradores de clubes a respetar las directrices de la Liga Profesional, órgano que adopta las competencias del deporte espectáculo en cada caso. De otro lado, los gastos que desborden lo presupuestado (fichajes espectaculares, etcétera) deberán contar con la autorización expresa de la asamblea de accionistas. La ley, por tanto, designa responsables y pide responsabilidades. Sus redactores afirman que trata "básicamente de poner orden en el deporte español". Pero en su trasfondo aparece, como no lo hace en ningún otro caso en Europa, el Gobierno, capacitado ahora para sancionar a los responsables. Hay quien afirma que la mejor ley del deporte es la que no existe, puesto que en los países de nuestro entorno la tendencia es a regular aspectos parciales (por ejemplo, el control antidoping) y porque el deporte debe ser contemplado como una actividad libre y privada, aunque el Estado ampare el derecho a una igualdad de acceso a la práctica deportiva.
