La inflación, el problema más acuciante

El comportamiento de la economía española durante 1988 fue satisfactorio, en particular en lo que se refiere a los crecimientos de la producción, la inversión y el empleo, que fueron superiores a los experimentados por otros países industrializados.Esta evolución fue debida en parte a factores exógenos favorables, tales como la fortaleza de la economía mundial, pero sobre todo ha sido fruto de las políticas introducidas en los últimos años, las cuales han permitido a España aprovechar todas las ventajas de su adhesión a la CE.

Las políticas de moderación salarial y de reforzamiento de la rentabilidad empresarial han creado un clima favorable a la inversión. Las diversas reformas estructurales, especialmente en los sectores industriales y financieros, han mejorado la capacidad de respuesta de la oferta de la economía. Por último, las políticas macroeconómicas han permitido una desaceleración de la inflación al menos hasta mediados de año y una reducción del déficit presupuestario.

Respecto al futuro, sólo cabe mostrarse favorablemente impresionado por el potencial de crecimiento de esta economía. Su localización geográfica y sus reservas de recursos humanos, procedentes de la mano de obra desempleada, subempleada (especialmente en la agricultura) y de la baja tasa de actividad, son factores que, sumados a las posibles ganancias de productividad derivadas de la adopción de la tecnología y reglas de funcionamiento de las grandes economías, implican la existencia de una elevada tasa de crecimiento potencial.

Cerrar la brecha

Uno de los principales objetivos que la política económica debe perseguir es la efectiva realización de este potencial de crecimiento a fin de cerrar la brecha existente entre los niveles de vida de España y el de los otros países industrializados.A tal fin, deben continuar aplicándose políticas adecuadas que eviten la aparición de graves desequilibrios, que garanticen el crecimiento equilibrado de la demanda y la oferta y que eviten la temprana desaparición de los comparativamente menores costes laborales españoles, los cuales constituyen un poderoso incentivo a la inversión extranjera.

El otro desafío es preparar a la economía española para competir en el Mercado Único en 1992 y hacer frente a la supresión de las barreras comerciales que todavía existen con la Comunidad Europea.

A continuación se exponen algunos comentarios sobre las áreas donde, pensamos, las actuales políticas podrían ajustarse o reforzarse.

El problema más acuciante en la actualidad es el resurgimiento de la inflación y el deterioro de las expectativas inflacionistas evidenciado por la elevación de los tipos de interés a largo plazo. La tasa de inflación actual es inquietante dado que se produce pese a la apreciación de la peseta, la reducción de aranceles y el mantenimiento de precios administrados, aspectos que indican las dificultades existentes para eliminar las tendencias inflacionistas.

Sería desafortunado que el espectacular progreso conseguido durante los últimos seis años en la reducción de la inflación quedara anulado, pudiendo alentar demandas de indiciación, comportamientos especulativos e inestabilidad en los tipos de cambio.

El cambio de signo de la balanza por cuenta corriente, desde el superávit al déficit, no constituye una preocupación inmediata, en la medida en que éste pueda ser fácilmente financiado por la inversión directa extranjera y es la contrapartida de un aumento de la actividad inversora.

Sin embargo, la velocidad del deterioro (equivalente a casi cuatro puntos del PIB entre 1986 y 1989) y el hecho de que refleje en parte un descenso de la tasa de ahorro del sector privado requiere atención.

De hecho, en las perspectivas a medio plazo hasta 1992, nuestros cálculos sugieren que de mantenerse las tendencias actuales del déficit por cuenta corriente y los objetivos fiscales podría producirse una ampliación del desequilibrio que lo hiciese difícilmente financiable por entradas autónomas de capital.

El instrumento elegido en la lucha contra la inflación es la política monetaria, estando plenamente justificado el endurecimiento de las condiciones monetarias desde mediados de 1988.

La comprensible reticencia de las autoridades a aceptar plenamente los efectos que las restricciones monetarias tienen sobre el tipo de cambio conlleva, sin embargo, el riesgo de limitar la efectividad de estas restricciones.

Dado que los efectos de la política monetaria sobre la demanda interna se manifiestan con lentitud, la apreciación del tipo de cambio puede convertirse en el instrumento a través del cual la política monetaria reduzca la inflación.

Una apreciación del tipo de cambio efectivo real derivado de una apreciación del tipo de cambio nominal es siempre preferible a la que resultaría de unas tasas de aumento de precios y coste más elevadas que las de otros países.

Será necesario supervisar cuidadosamente las señales de una posible desaceleración de la demanda y de la inflación a fin de decidir si es necesario un mayor endurecimiento.

En todo caso, el endurecimiento de la política monetaria tiene efectos poco deseables sobre la inversión, las exportaciones y, en términos generales, sobre el diferencial entre los precios de los bienes comercializables y no comercializables.

Este impacto puede ser amortiguado en la medida en que los socios comerciales estén también elevando sus tipos de interés para controlar sus propias tensiones inflacionistas. Sin embargo, la combinación de políticas económicas sería más eficaz si la política fiscal asumiese un mayor protagonismo en la lucha contra la inflación.

Aun reconociendo los esfuerzos realizados, especialmente en el área de la administración tributaria, para reducir el déficit a pesar de las demandas de gasto presupuestario motivadas, entre otras razones, por la necesidad de redistribuir la renta como contrapartida a la moderación salarial y por la descentralización, sería deseable llevar a cabo acciones más contundentes en las actuales circunstancias de recalentamiento.

Nuestros cálculos sugieren que las reducciones del déficit en 1988 y 1989 se deben enteramente al funcionamiento de los estabilizadores automáticos, sin que se produjera reducción alguna en el déficit estructural

Una reducción del déficit estructural es deseable a fin de reducir la relación deuda pública / PIB, conseguir un margen para aumentar la participación de la inversión en el PIB y compensar cualquier descenso del ahorro privado.

Déficit público cero

Por tanto, apoyamos los objetivos de la estrategia presupuestaria diseñada para 1989-1992 centrada en eliminar el déficit público para 1992. De hecho, a la vista del deterioro de la balanza por cuenta corriente, nos parece que sería deseable una mayor contención fiscal.La contención fiscal debería ser posible aun manteniendo los esfuerzos de la inversión pública en infraestructura, en educación, en formación profesional, en incentivos al empleo, en la administración judicial y en otros sectores prioritarios.

Para 1989 acogemos favorablemente la decisión de compensar el coste del reciente paquete social con recortes en otros gastos. Un mejor control del gasto debería evitar la tendencia a que el gasto aumentase a medida que los ingresos se expanden a mayor ritmo que el previsto, y si bien la desviación del gasto hacia infraestructuras es deseable, debe evitarse que una expansión acelerada de la inversión pública genere estrangulamientos en determinados sectores, en particular en la construcción.

En la medida en que el recalentamiento actual de la economía muestre escasos síntomas de ralentización, recomendaríamos la implantación de medidas temporales, tales como la aceleración de ciertos pagos impositivos y/o la congelación de ciertas partidas de gasto, a fin de obtener un mayor apoyo a la política monetaria y aliviar las presiones sobre los tipos de interés.

A un estricto presupuesto para 1990 los mercados financieros responderían con menores tipos de interés, especialmente si se acentúan los esfuerzos para contener los gastos improductivos como transferencias, subsidios y consumo público.

Respecto a la gestión de la deuda pública, continuamos creyendo que un cambio a instrumentos no incluidos en la definición de los ALP sería deseable. A pesar de que comprendemos las reticencias de las autoridades para endeudarse a largo plazo a los niveles actuales de tipos de interés, se pueden encontrar fórmulas, como bonos a tipos de interés variable, que podrían permitir alargar el vencimiento de la deuda pública.

La mejora en los canales de comercialización de los títulos públicos hacia los ahorradores privados debería contribuir a reducir el coste de la nueva deuda.

Desde nuestra última visita se ha reforzado la política de mejora de las condiciones de oferta de la economía a través de reformas estructurales que incluyen medidas de desregulación y de liberalización, especialmente en el sector financiero, donde se ha impulsado la competencia permitiendo un incremento en el número y en el tipo de actividad tanto de los bancos nacionales y extranjeros como de otras instituciones financieras.

El mercado de valores ha sido reformado y se han acelerado el desmantelamiento de las barreras comerciales y el proceso de reestructuración industrial. En el mercado de trabajo, los cambios llevados a cabo en la legislación laboral en los últimos años, a fin de dotar a este mercado de una mayor flexibilidad, han permitido la creación de empleo registrada en 1988.

Sin embargo, serán necesarias medidas adicionales en algunas áreas de cara a mejorar la respuesta de la oferta de la economía y preparar a España para el incremento de competencia que le plantearán sus socios comerciales comunitarios en los próximos años.

El paro continúa siendo uno de los problemas más serios de España. Su coexistencia con la falta de mano de obra en determinados sectores y su concentración en la población juvenil sugieren la existencia de rigideces en el mercado de trabajo.

Moderación salarial

Consideraciones de tipo social, así como los rendimientos potenciales de la inversión en capital humano, plantean la necesidad de llevar a cabo mayores esfuerzos en medidas activas, especialmente en programas de formación y colocación y en el fomento de la movilidad y del empleo autónomo.En este sentido, acogemos favorablemente el incremento en la proporción de medidas activas en el total de gastos destinados al mercado de trabajo y apoyamos que se continúe en esta línea, dado que consideramos estas medidas preferibles a ampliar la cobertura del desempleo o reducir la edad de jubilación.

Como señalamos anteriormente, la moderación salarial es esencial si se quiere mantener el favorable clima inversor existente y el proceso de crecimiento del empleo.

En este sentido, el sector público tiene un papel muy importante que jugar, dado que el mantenimiento ole su postura en lo que concierne al crecimiento moderado de las retribuciones no sólo permitiría aliviar la situación presupuestaria y la posición financiera de las empresas públicas, sino que actuaría también como una contención sobre los acuerdos del resto de la economía. Concentrarse en normas sobre la masa salarial, en lugar de sobre la tasa de crecimiento del salario, también alentaría ganancias de productividad en el sector público.

En el sector industrial, la mejora en la situación financiera de las empresas públicas en 1988 ha sido impresionante y debería facilitar una mayor reducción en los gastos de transferencia.

Valoramos positivamente las distintas iniciativas de vender algunas empresas con pérdidas y de permitir la entrada de capital privado en algunas de las compañías rentables, como Repsol. Esto someterá la dirección de las empresas a la valoración de los mercados financieros, lo que resulta una útil disciplina.

En general, la combinación de una rápida eliminación de las barreras comerciales y de la fortaleza de la actividad inversora debería promover un cambio a gran escala en la estructura industrial española. A este respecto, apoyamos el cambio en la dirección de la política industrial para hacer mayor hincapié en el progreso tecnológico y en la promoción de las actividades de I+D.

La liberalización de los flujos de capital y la armonización de los sistemas fiscales en el seno de la CE reclamarán ciertos cambios en el sistema fiscal español. La liberalización de los movimientos de capital requerirá un mayor alineamiento en el trata miento fiscal de las ganancias de capital, si no se quiere obstaculizar seriamente el papel de Madrid como centro financiero. La dirección que tomarán los cambios en el IVA y en el impuesto sobre la renta resultan también claras, aun cuando todavía sea incierto el momento en el que se producirán.

Política fiscal

A su debido tiempo, la política fiscal debería revisar las implicaciones que tienen las diferencias en los tipos aplicables en España del impuesto sobre la renta y de sociedades, teniendo en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional.Una simplificación del impuesto sobre sociedades, más allá de la ya decidida reducción en las deducciones por inversión, sería bien acogida, tanto por razones cíclicas como por su tendencia a inducir unos tipos de imposición efectivos más uniformes entre los distintos sectores y empresas.

En términos generales, la carga impositiva no debería elevarse hasta el punto que pueda desincentivar la inversión, la actividad económica y el ahorro. Como se ha señalado anteriormente, se han llevado a cabo reformas destacables en el sector servicios de cara a una mayor apertura en el sector bancario y de seguros, incrementando competencia tanto doméstica como extranjera, y se ha reformado el mercado de valores.

Valoramos positivamente la programada reducción progresiva del coeficiente de inversión y la propuesta de disminución del coeficiente de caja. El método propuesto para reducir este último parece que evita el riesgo de una excesiva expansión del crédito bancario.

Otros sectores como la vivienda y los transportes, con impactos importantes sobre el IPC, el ritmo de actividad y la movilidad del trabajo, podrían también necesitar un reestructuración.

Finalmente, hay dos áreas de especial preocupación para el FMI donde nos gustaría elogiar el ejemplar comportamiento de España, la liberalización comercial y la eliminación de los controles de cambios y la ayuda al desarrollo. En un momento en que el proteccionismo está ganando terreno, España ha realizado un proceso extensivo de eliminación de las barreras comerciales y de desmantelamiento de los controles sobre los movimientos de capital.

También ha decidido incrementar sustancialmente, si bien es verdad que desde una base de partida baja, su contribución a la ayuda oficial al desarrollo, constituyendo su participación en la financiación del. servicio ampliado de ajuste estructural, decisión que apreciamos especialmente.