Seis de los nueve 'etarras' deportados a Cabo Verde han abandonado el país africano

Ernesto Medina, jefe de gabinete del Ministerio de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad de Cabo Verde, ha conrirmado telefónicamente a EL PAÍS en Madrid que sólo quedan en este archipiélago tres (todos ellos milis) de los nueve etarras que Francia deportó a este país. Este alto cargo indicó que los seis polimilis habían abandonado en octubre pasado este país con permiso del Gobierno de esta nación y de España y con un destino que dijo desconocer.

Sin embargo, el director general de Asuntos Políticos de Cabo Verde, Antonio Lima, manifestó que no hubo salida pactada, sino fuga: "Dos etarras se fueron de aquí hace un par de meses sin avisar al Gobierno", y este alto cargo indicó que ellos sólo habían recibido "cinco o siete" etarras, mientras que el Ministerio del Interior español, que costea la estancia de los activistas, cifra en nueve los terroristas deportados.Fuentes de las gestoras proamnistía confirman que los etarras inicialmente deportados a Cabo Verde eran nueve, si bien hace un par de semanas indicaban que tres de ellos se habían fugado del archipiélago hacía bastante tiempo. En concreto, daban por huidos a los activistas poli-milis José Francisco Rementería, Elena Bárcenas e lñaki Rodríguez Muñoa. Posteriormente, un familiar de los deportados manifestó que también habían abandonado tiempo atrás este país los otros tres poli-milis deportados en este archipiélago: Amaya Egiguren, Juan Ramón Aramburu y José Ignacio Etxarte.

Ernesto Medina, jefe de gabinete del Ministerio de las Fuerzas Armadas y Seguridad de Cabo Verde, indicó a este diario en llamada telefónica desde Madrid que ignoraba el nombre de los etarras que aún permanecían confinados en este país, pero sí precisó que pertenecían a ETA Militar y que se hallaban juntos en Mindelo, capital de la isla de San Vicente. Los tres milis que aún siguen en este archipiélago africano son Endika Iztueta, Angel María Lete y Tomás Linaza. Este alto cargo caboverdiano precisó que los seis poli-milis salieron del país en avión, pero aseguró desconocer el destino. No obstante, el alto funcionario de la Seguridad de este país africano manifestó estar seguro de que todos habían partido con permiso y con conocimiento de los Gobiernos de Cabo Verde y de España.

Precisión imposible

Sin embargo, Antonio Lima, director general de Asuntos Políticos de Cabo Verde, localizado en su domicilio telefónicamente desde Madrid, había manifestado a este diario días antes que no podía precisar la relación de etarras confinados en esta nación por tener la documentación en su despacho, pero que en cualquier caso algunos habían desaparecido. "Hace un par de meses se fueron de aquí dos etarras sin avisar al Gobierno", exclamó con indignación. A la pregunta de si tras esa fuga sólo quedaban siete, dado que el Ministerio español del Interior cifraba en nueve los activistas inicialmente deportados, Lima replicó que nunca llegaron a ser tantos, sino sólo "cinco o siete". Un portavoz del Ministerio Interior español matizaba que la lista de nueve ya no era fiable actualmente porque "algunos han desaparecido".

Portavoces del Ministerio del Interior consultados reiteran la línea gubernamental de guardar silencio sobre estas cuestiones y recuerdan la necesidad de no herir susceptibilidades en un momento en que siguen abiertas las expulsiones de etarras desde Argel. No obstante, fuentes de este departamento indican que todo lo relacionado con la estancia de los etarras en Cabo Verde compete al Gobierno de esta nación. España, según esta versión, se limita a costear su estancia y a ser informada periódicamente. "El dinero nunca se da directamente a los etarras, sino al Gobierno. De todas maneras, tenerlos allí supone pagar sólo un 20%. de lo que supondría su estancia en prisión, aunque ya nos gustaría poderlos encarcelar. La seguridad y control de los deportados depende de cada país". Ernesto Medina rehusó explicar el contenido del protocolo firmado entre España y este país africano en relación con estos deportados, pero sí indicó que la policía caboverdiana se encargaba de su custodia, aunque inicialmente indicó lo contrario. "Es una cuestión que lleva Exteriores; nosotros oficialmente ni siquiera sabeinos que estén aquí".

"Estamos bien"

Las deportaciones a este archipiélago se iniciaron en febrero de 1985 con el envío de Tomás Linaza. Los poli-milis Etxarte, Egiguren, Rodríguez y Bárcenas realizaron una huelga en diciembre de 1986 para ser separados de los milis, con los que compartían residencia, tras originarse un conflicto que llegó a las manos entre ambos grupos. EL PAÍS contactó telefónicamente desde Madrid con Linaza, que se negó a dialogar con "diarios españoles", y sólo indicó: "Aquí estamos los de siempre", pero se negó a indicar quiénes son "los de siempre". No obstante, Linaza manifestó: "Yo vivo aparte, con mi mujer".

EL PAÍS consiguió establecer contacto telefónico con Endika Iztueta, otro mili, quien, sin duda prevenido por Linaza, espetó al redactor: "¿Pero tú quién eres, periodista o policía?". Al identificarse el redactor como tal, Iztueta exclamó: "¡Joder, la hostia!'", y se negó a mantener la conversación, aunque, preguntado sobre el estado de los confinados, manifestó: "Estamos bien".