Los socialistas impiden elevar las penas de atentados contra agentes

El Grupo Popular no consiguió ayer en el Pleno del Congreso que los socialistas aceptaran elevar al grado máximo las penas contra aquéllos que atenten contra miembros de cualquier cuerpo de seguridad del Estado, según defendieron en una proposición de ley. Los populares quisieron en vano que las penas máximas que ya figuran en los delitos de terrorismo se extiendan también para los delincuentes comunes que atenten contra las fuerzas del orden público. El diputado socialista Luis Alberto Aguiriano afirmó que esta medida era innecesaria toda vez con el actual ordenamiento jurídico los agentes del orden están suficientemente protegidos, y que con la aplicación del artículo 72 del Código Penal "se produce la aplicación del grado máximo".Junto a los socialistas votaron en contra Izquierda Unida (IU), Euskadiko Ezkerra (EE) y Eusko Alkartasuna(EA), mientras que Minoría Catalana votó a favor y el CDS se abstuvo. El portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Calero, precisó que su iniciativa tomaba como factor determinante para imponer la pena máxima no el autor, sino a la víctima, consciente de que para los autores de delitos contra las fuerzas del orden existe una legislación derivada de la extinguida ley antiterrorista y traspasada al Código Penal.

La controversia de Calero no fue con los socialistas, sino con IU. La negativa del portavoz de IU, Nicolás Sartorius, a votar a favor incitó a Calero a subir de nuevo a la tribuna. Sartorius afirmó que el asesinato de una persona es idéntico, ya sea la víctima policía, abogado del Estado o albañil, y dio la razón a Calero en cuanto a que el principal valor que se debe proteger es la libertad, seguido de la seguridad, pero que había olvidado mencionar la justicia.

La injusticia del paro

"Uno de los máximos exponentes de la inseguridad ciudadana es la injusticia de esta sociedad ya que si se resolviera el paro habría menos delincuencia", dijo Sartorius. Calero replicó que no se trataba de un debate sobre desempleo, inseguridad ciudadana o terrorismo, sino que se trataba de garantizar al máximo la seguridad de los agentes del orden. Calero recordó que su grupo había denunciado en muchas ocasiones las injusticias sociales de este país. Juan María Bandrés, de EE, afirmó que el razonamiento de Calero, "llevado hasta las últimas consecuencias conduciría a la petición de la pena de muerte", y el diputado de EA Joseba Azcárraga, expuso su certeza de que "el delincuente que mata no se lee el Código Penal".