Torpeza diplomática

LA DIPLOMACIA argelina no ha respondido a la sutileza que en otros tiempos caracterizó a la tradición árabe. Fracasado el intento de dar una salida al problema de ETA por la vía del diálogo, el Gobierno del país en el que se desarrollaron las conversaciones ha pretendido mantener su uniforme de árbitro neutral mediante el escasamente sutil método de compensar la expulsión de varios terroristas de su territorio con la publicación de un comunicado deliberadamente ofensivo para el Ejecutivo español.La ruptura de la tregua por parte de ETA demostró la inmadurez de sus dirigentes, su incapacidad para entender de qué se hablaba y cuáles eran los límites objetivos de la conversación. Tampoco entendieron gran cosa quienes plantearon el asunto en términos de dignidad nacional -no se conversa con asesinos, no se admiten injerencias de un Estado extranjero, etcétera-, y cuyos argumentos fueron, paradójicamente, interiorizados por ETA como la confirmación de que el hecho mismo de sentarse a una misma mesa significaba que se legitimaba su acción pasada. Las conversaciones con Etxebeste no eran de naturaleza diferente a las que se establecen con un secuestrador de aviones para intentar un final no sangriento ,del episodio, sin que de ello quepa deducir que se está legitimando el secuestro de aeronaves. No se legitimaba nada, pero el Gobierno español ponía sobre la mesa una importante contrapartida: la reinserción de los terroristas, cuyas modalidades de plasmación podrían ser objeto de discusión en las conversaciones. Tal vez uno de los errores de ETA fue considerar que esa contrapartida estaba conquistada de antemano, ignorando las fuertes resistencias que el Gobierno habría de superar -en términos políticos y de opinión pública- para plasmarla en medidas concretas. En cualquier caso, los eventuales resultados de las conversaciones dependían de la aceptación mutua, como componente inevitable del proceso, de una serie de sobreentendidos que permitieran interpretaciones abiertas del mismo.

Entre éstos figuraba la atribución a Argelia de un papel arbitral. Esta asignación formaba parte de un escenario tendente a favorecer la persuasión de los terroristas, por una parte, y a facilitarles una presentación dignificada -ante sus bases- del proceso, por otra. Pero en absoluto podía significar delegar en un Estado extranjero capacidad para intervenir en cuestiones que afectasen a la soberanía de las instituciones. De hecho, sólo desde la megalomanía propia de los terroristas cabe pensar seriamente que el Gobierno de Argelia pudiera ser un árbitro neutral entre un Estado democrático y un grupo de iluminados. No obstante, es lógico que, para favorecer el proceso, y desde su función mediadora, Argelia asumiera formal,mente una actitud de neutralidad mientras las conversaciones estuvieron abiertas. Pero carece de sentido prolongar esa actitud una vez que la tregua fue rota por ETA -no con palabras, con atentados criminales- y la mesa clausurada.

Así pareció entenderlo el Gobierno de Chadli Benyedid cuando expulsó de su territorio a Etxebeste y a cinco de sus amigos. El gesto resultaba suficientemente elocuente, además de coherente con el proclamado compromiso argelino de combatir la práctica terrorista. Pero por ello mismo resulta incomprensible el estrambote de un comunicado en el que se arriesgan opiniones tan peregrinas como que Ias dos partes" compartían la responsabilidad de la ruptura "y buscaban provocarla para reanudar sus encuentros en otros lugares sobre bases y principios diferentes". El funcionario que ha redactado el comunicado no puede pretender ignorar que la "solución política negociada" a que se refiere en su papel significa en la práctica, para ETA, la imposición por parte de una minoría violenta, y en contra del expreso pronunciamiento de todos los partidos democráticos vascos, de sus objetivos políticos.

Por ello, y sin que sea necesario dramatizar el asunto provocando un incidente diplomático, no estaría de más que el Gobierno español advirtiera al argelino de la absurda torpeza cometida. Hay demasiados intereses compartidos en juego -entre ellos los económicos- como para que puedan ponerse en cuestión por la impericia de algún ignorante.