Una finca en Extremadura y su situación familiar han sido utilizadas contra Soto

La marcha de Javier Soto del Ayuntamiento de Madrid se ha producido en medio de una fuerte campaña de amenazas y rumores malintencionados que se desató nada más conocerse la noticia del paso del concejal centrista al PSOE, según fuentes próximas a este político. Las llamadas telefónicas tildándole de traidor o ladrón han sido quizá el aspecto más suave de una ola de descalificaciones en la que se le ha vinculado sentimentalmente con una mujer socialista que ocupa un puesto de responsabilidad y en la que se ha llegado a asegurar que la Junta de Extremadura, en manos del PSOE, iba a "agradecer" el trasvase del concejal a las filas de Barranco con la compra de una finca de su propiedad en Cáceres.

La misiva enviada por Soto a Barranco en la mañana del lunes, en la que le anunciaba la dimisión y le informaba de la incompresión de ciertos políticos y medios de opinión hacia su honorabilidad, no traslucía la situación creada desde el mismo momento en que anunció su trasvase político. Soto habló el lunes de amenazas, de insultos y de acusaciones gratuitas, pero sin precisar el tipo de las mismas. Ayer reiteró, en distintos medios, que las opiniones sobre su decisión habían ido "mucho más lejos de lo humanamente admisible". Soto habló de infamias, suposiciones sobre prebendas y referencias a situaciones persona les o profesionales. El político niega cualquier veracidad a las acusaciones. Según dijo al dimitir, esperaba críticas, pero no un ataque en toda regla.Este ataque, según ha podido saber El PAÍS, se ha elaborado a partir de datos reales, algunos de ellos muy privados y a los que sólo tenían acceso un número limitado de personas de su entorno. Por ejemplo, casi nadie conocía que Soto llevaba un mes separado de su esposa o que hace tres años compró con créditos aún no amortizados la finca El Pinar, de 1.600 hectáreas, en Cañamero (Cáceres).

La acusación de que el concejal había sido comprado fue el primero de los rumores que circuló para explicar su abandono del CDS, y no faltó quien dijo que se había llevado una maleta con 50 millones.

El aspecto familiar también fue "tocado". La reciente separación matrimonial de Soto fue comentada a los periodistas por algunos políticos, quienes dejaron entrever unas supuestas relaciones sentimentales del mismo con una mujer que ocupa un cargo en la administración socialista.

Javier Soto pagó, mediante créditos, unos 120 millones de pesetas por la finca de Extremadura, según informa desde Cáceres Pedro Jara. La finca está gestionada por la sociedad Javier Soto Carmona SA, en la que el concejal y su esposa figuran como los mayores accionistas. El anuncio de cambio de grupo político hizo circular muy pronto las condiciones financieras de esta compra e incluso se dió como segura una operación de reventa de la misma a la Junta de Extremadura. El control socialista de este gobierno autónomo permitiría, según esta versión, "agradecer" el gesto de Soto y resolver su situación económica, enfrentado a un proceso de separación matrimonial.

El último aspecto incluido en los rumores ha sido el referido a su actividad profesional. Se ha llegado a afirmar que en el bufete que tiene este político se han tramitado licencias para desarrollar actividades en el término municipal de Madrid. Javier Soto, meses atrás, declaró que en su despacho no se hacía cargo de temas relacionados con el Ayuntamiento.

Todas estas descalificaciones han sido acompañadas de una amenaza de bomba, anuncios de palizas y llamadas a los hijos de Soto para lanzarle, anónimamente, insultos. Soto resumía lo ocurrido el pasado lunes: "Han ganado la partida los que se dedican a envilecer e injuriar. Me voy a casa".