Los vídeos comunitarios anuncian medidas de presión para poder seguir emitiendo

Los vídeos comunitarios -popular versión española de la televisión por cable que afecta a un millón y medio de hogares- emprenderán medidas jurídicas y de presión social si, como ha trascendido en sectores oficiales, el Ministerio de Transportes procede a cortar el próximo día 15 los cables que atraviesan vías de dominio público.

Esta decisión fue adoptada ayer por representantes de 524 empresas de toda España que celebraron una reunión en Madrid convocados por la asociación mayoritaria del sector, Avideco (presidida por Jaime González), y por la distribuidora de programas de vídeo comunitario BTV Europa, SA, tras la ruptura de las conversaciones que venían manteniendo en los últimos meses con la Administración para adaptarse a la nueva legislación y poder seguir emitiendo.En el artículo 25 de la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) se limita de hecho el funcionamiento de los vídeos comunitarios exclusivamente a las redes que no atraviesen vías de dominio público, y se da un plazo de adaptación de un año, que ya se cumplió el pasado mes de diciembre.

Antes de que acabara este plazo y durante los últimos meses, los vídeos comunitarios han mantenido conversaciones con la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes para poder llegar a la adaptación más adecuada a la nueva situación legal. Para ello han elaborado estudios económicos y técnicos, pero no se han puesto de acuerdo en las condiciones marcadas por la Administración.

Televisión por cable

Los representantes de los vídeos comunitarios defienden su derecho a convertirse en las primeras televisiones legales por cable en España, para lo que piden una legislación específica del cable. Fundamentan su derecho a seguir emitiendo, según explicaron ayer públicamente algunos de sus directivos, en el hecho de que están abonados 1,5 millones de hogares, que alcanzan una audiencia de unos seis millones de personas. Si dejaran de emitir tendrían que cerrar, por otra parte, muchas de las casi 1.000 empresas que mueven 18.000 millones de pesetas al año y que dan empleo directo o indirecto a 15.000 trabajadores, según estimaciones del propio sector.Los vídeos comunitarios, que en la actualidad emiten un 70% de películas y un 30% de otros programas (informativos y de canales vía satélite), esgrimen además como argumento para seguir emitiendo algunos autos judiciales recientes por los que han quedado sin efecto las suspensiones administrativas de emisión de tales vídeos en algunas comunidades autónomas que habían sido decididas por los delegados de Gobierno.

Fuentes oficiales del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones han manifestado que la Administración les ha hecho una oferta, viable desde el punto de vista económico, de ir adaptándose poco a poco a la LOT, comenzando por las manzanas de 500 viviendas hasta llegar progresivamente a las más pequeñas durante un tiempo de seis meses. Sobre la posibilidad de cortar los cables, las mismas fuentes han añadido que, tal como funcionan en la actualidad, los vídeos comunitarios son ilegales, y por ello se adoptarán las medidas que marca la ley.

Los directivos de Avideco y BTV han dado a entender que el vídeo comunitario podría ser la alternativa a las televisiones que se emiten por ondas hercianas, tanto públicas como privadas, e incluso no han descartado que puedan servir de vehículo para hacer llegar las señales de la televisión privada a determinadas zonas que se verán fuera del alcance de las mismas al menos en los primeros años de funcionamiento.