El desacuerdo entre Administraciones Públicas y el MOPU frena el proyecto de reforma de la ley del suelo

La tramitación del anteproyecto de ley de Reforma del Régimen Urbanístico y de Valoraciones de Suelo, que debía ser presentado al Consejo de Ministros de ayer, ha quedado congelada por las discrepancias entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), autor del anteproyecto, y el de Administraciones Públicas, que considera que el texto presentado invade competencias de las comunidades autónomas.El presidente del Gobierno, Felipe González, había dado instrucciones para que se acelerara al máximo este proyecto, que establece medidas contundentes para frenar la especulación inmobiliaria. Entre ellas, mecanismos ágiles y rápidos para que la Administración pueda expropiar a precios inferiores al del valor consolidado de los solares pendientes de edificación cuando sus propietarios hayan incumplido los plazos previstos para ello en el planeamiento, que también se acortan.

La Comisión de Subsecretarios del pasado miércoles rechazó las propuestas alternativas que efectuó el Ministerio de Administraciones Públicas, pero acordó someter el proyecto a una nueva fase de estudio, a la que se incorporará también el Ministerio de Economía y Hacienda con el fin de revisar la actual normativa sobre fiscalidad urbanística, que era una de las debilidades de la nueva normativa. Dada la complejidad de los temas a revisar, las fuentes consultadas consideran imposible formular una propuesta articulada para el Consejo de Ministros de la próxima semana.

El Ministerio de Administraciones Públicas considera que el anteproyecto invade competencias urbanísticas de las comunidades autónomas, por lo que es presumible que fuera recurrida ante el Tribunal Constitucional en caso de promulgarse en los términos actuales. Considera además que el proyecto de ley es demasiado detallista.

Norma genérica

Este ministerio propugna un tipo de normativa más genérica, aunque igualmente contundente en cuanto a la capacidad de intervención de las Administraciones públicas para frenar la especulación inmobiliaria, que permita a las comunidades autónomas desarrollarla en medidas concretas diferentes en función de sus respectivas problemáticas urbanísticas. Los expertos de este ministerio consideran que una ley de carácter estatal tan detallista y compleja tendría, en la práctica, serios problemas de aplicación.Por otra parte, la incorporación del Ministerio de Hacienda ha sido saludada con gran satisfacción por los expertos de los otros dos ministerios implicados. En opinión de estos últimos, para que la reforma de la ley del suelo sea realmente eficaz es preciso modificar el sistema de fiscalidad que ahora rige en materia de urbanismo.

En estos momentos el valor que se atribuye a inmuebles urbanos de ciudades como Madrid y Barcelona a efectos catastrales no alcanza siquiera el 30% del valor real de mercado, lo que, además de generar una tributación muy inferior a la que correspondería, fomenta las tendencias especulativas.