Alguacil alguacilado

EL ESCÁNDALO suscitado en Andalucía por el descubrimiento de que la persona que acababa de tomar posesión como presidente de la Cámara de Cuentas de esa comunidad, Guillermo Sierra, no había hecho su declaración de la renta entre 1985 y 1987 está más que justificado. El asunto es de suficiente entidad como para que la opinión pública se contente sólo con explicaciones colaterales sobre las rencillas entre sectores rivales del socialismo andaluz. Esas disputas aclaran por qué el escándalo ha trascendido, no por qué se ha producido el hecho que lo ha provocado. Nada menos que la persona encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos de la comunidad autónoma de Andalucía es un defraudador. Los esfuerzos de Borrell para convencer a los ciudadanos de que las deficiencias observables en los servicios públicos no justifican la actitud de quienes se abstienen de hacer su declaración servirán de poco mientras sean posibles situaciones tan insólitas como la protagonizada por ese militante socialista, catedrático de Economía Financiera y ex vicerrector de la universidad de Sevilla.Parece ser que fue el propio Guillermo Sierra el que, al recibir la oferta de presidir la Cámara de Cuentas -equivalente al Tribunal de Cuentas de la Administración central-, solicitó una inspección de Hacienda a fin de pagar ahora lo que dejó de tributar en 1985, 1986 y 1987, con los recargos y multas -se supone- correspondientes. Esta solicitud fue realizada a finales de febrero, lo que no impidió que el pasado jueves tomara posesión de su cargo. Ello significa que su condición de defraudador era conocida -y convendría saber exactamente por qué personas en concreto- desde hace más de un mes, sin que ello se considerase obstáculo para mantener el nombramiento. De hecho, ha sido preciso que el asunto salga a la luz, mediante una información publicada en Diario 16 de Andalucía, para que la dirección regional del PSOE se sienta obligada a tomar cartas en él. Es legítimo sospechar que, de no haber mediado la denuncia periodística, los dirigentes socialistas andaluces hubieran optado por blanquear el pasado de su candidato mediante el sencillo expediente de pagar ahora lo adeudado.

En el 32ª Congreso del PSOE, celebrado a finales de 1987, hubo un consenso autocrítico sobre la necesidad de prestar más atención a los comportamientos individuales de los militantes como condición para devolver a las desteñidas banderas del cambio algo de su pasado color. Eran los meses en que se estaba gestando la ruptura con UGT y en los que, un día sí y otro también, saltaban a las páginas de los periódicos grandes y pequeños escándalos, no necesariamente relacionados con delitos en sentido estricto, pero sí con actitudes que nada tenían que ver con la tradición de un partido que era, según Alfonso Guerra, "el de los pobres". Que la contrición de corazón no fue acompañada de propósito de la enmienda lo demuestran episodios como el de las facturas de ropa de Pilar Miró, mantenida en la UVI televisiva durante unos angustiosos meses por quienes la habían nombrado, por no hablar de las irregularidades en las concesiones de contratas por parte de algunos ayuntamientos. El escándalo ahora revelado es tina muestra más de lo mismo. Conclusión: quienes están empeñados en sabotear la campaña de moralización fiscal emprendida por el Gobierno no han podido encontrar mejores aliados. Y esto, desde luego, no es demagogia.