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TERRORISMO Y NEGOCIACIÓN

Ninguna fisura en el bloque democrático tras el final de la tregua de ETA

JOAQUIN PRIETO El final de la tregua declarado por ETA no ha producido fisura alguna en el bloque de partidos democráticos, que mantiene el respaldo al Gobierno y está en contra de los argumentos esgrimidos por la banda armada para justificar la vuelta a la violencia. No obstante, algunos portavoces políticos mencionaron su extrañeza por la falta de datos del Ejecutivo respecto a los propósitos concretos de ETA a pesar de las gestiones realizadas a través de diversos conductos.

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, telefoneé a los portavoces de los partidos entre las diez y las once de la mañana de ayer y les indicó que no había novedad alguna. Apenas una hora después del final de esta ronda informativa, el diario Egin y la agencia France Press daban cuenta de la existencia del comunicado etarra, del que los partidos se enteraron por fuentes periodísticas.La falta de datos sobre los propósitos de ETA y el resultado concreto de las gestiones gubernamentales no ha producido fisura alguna en el bloque de partidos democráticos, cuyos portavoces se manifestaron ayer como un solo hombre en contra de la decisión adoptada por la banda terrorista y de toda concesión política a ETA en el foro de Argel.

La dirección del PSOE, que había mantenido un silencio total a lo largo de las 72 horas anteriores, analizó el comunicado etarra como un hecho grave, cuyas consecuencias dependen de que se traduzca o no en atentados. Su portavoz, Ana Miranda, declaró que "si se produce un atentado, la vía del diálogo quedará definitivamente invalidada y la responsabilidad será enteramente de ETA".

Para los socialistas, la vuelta a los asesinatos no deja más salida a los demócratas que la de plantearse la lucha policial y la marginación social y política de los violentos. La nota de ETA implica que la banda quiere cerrar la vía del diálogo, aunque en su comunicado eso no queda definitivamente claro, según la portavoz socialista. Mientras no haya atentados, subsiste la esperanza de que se pueda encontrar alguna vía para impedir la lógica militarista de imponer posiciones, por medio del terror, al Gobierno y a los partidos democráticos.

Encuentro González-Fraga

La unidad del bloque democrático tiene hoy otra prueba pendiente, con la conversación entre el presidente del Gobierno, Felipe González, y el líder del Partido Popular, Manuel Fraga, rápidamente interpretada por algunos observadores como una negociación sobre el problema terrorista.

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Fuentes de la Moncloa confirmaron que se trata de una entrevista a solas entre el presidente del Gobierno y el del PP, con "agenda abierta" de temas, pero no pudieron precisar si el problema terrorista es el asunto básico a tratar.

Manuel Fraga declaró anoche en León -informa Marifé Moreno- que a partir de ahora "sólo cabe esperar que alguna parte de ETA se decida a abandonar el camino del crimen. Con los demás. sólo cabe la firmeza y la aplicación de la ley".

"Comprobada la unanimidad de los partidos constitucionales en la defensa de la Constitución y de las legítimas representaciones del pueblo, cada une debe asumir ahora su propia responsabilidad y actitud específica; así como el Gobierno, la plena responsabilidad de la eficacia de los servicios de seguridad", agregó. Fraga destacó que su partido "reitera su plena disponibilidad para otorgar los poderes legales que el Gobierno solicita". No obstante, el presidente del PP agregó que su formación no se hace corresponsable "de los errores ni debilidades de nadie".

Antes de conocer esta declaración tan significativa, el líder del CDS, Adolfo Suárez, habló telefónicamente con dirigentes de su partido desde la República Dominicana -donde estaba ayer-, para confirmar que no se había recibido indicación alguna de la Moncloa sobre un encuentro con el presidente del Gobierno sobre el problema terrorista. Eso hacía suponer a Suárez que la llamada a Fraga tenía que ver con una "maniobra bipartidista".

"No al chantaje"

Mientras, en Madrid, el secretario general del CDS, José Ramón Caso, se declaraba contrario a aceptar "un chantaje por parte de la banda terrorista" y añadía que sólo se puede discutir "cómo acelerar el fin de la violencia en el País Vasco y en toda España, producto de las actividades de ETA". Caso consideró inoporiuno valorar si el Gobierno ha actuado bien o mal, por entender que lo importante es hacer frente a una cuestión que afecta a todos.

Julio Anguita, secretario general del PCE, declaró que en ETA se ha impuesto "la opción sanguinaria de los partidarios de la política del asesinato". La presidencia colegiada de Izquierda Unida manifestó "su condena más firme [de la decisión de ETA] y su convencimiento de que es necesario insistir en vías políticas.

El apoyo al Gobierno fue especialmente claro por parte de la Minoría Catalana, cuyo portavoz en el Congreso, Miquel Roca, manifestó que "éste es un momento en el que no hay que hacer tanto valoraciones de la decisión de ETA de romper la tregua, cuanto solidarizarse con la acción del Gobierno". Roca juzgó "perfecta" la actitud gubernamental y advirtió que "si como consecuencia del anuncio realizado por ETA se genera más violencia, habrá un solo responsable, que es quien lleve a cabo esa violencia", informa Juan G. Ibáñez.

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